Castilla y León pide a Cataluña la devolución del archivo de la Guerra Civil

Las Cortes de Castilla y León han pedido a Cataluña la devolución de todos los documentos y otros efectos que mantiene «indebidamente» en su poder y que fueron trasladados desde el Archivo de la Guerra Civil Española, con sede en Salamanca e integrado en el Centro Documental de la Memoria Histórica.

La petición se ha formulado mediante una declaración institucional firmada por los cinco grupos políticos con representación parlamentaria (PP, PSOE, Podemos, C’s y Grupo Mixto) que la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha leído al inicio de la segunda sesión del Pleno de Presupuestos.

La declaración exige a la Generalidad de Cataluña el «cumplimiento del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, la devolución al Archivo de Salamanca de toda la documentación indebidamente recibida desde el año 2006, así como la devolución de todos los documentos no restituidos a sus legítimos propietarios, por formar parte integrante del mencionado archivo de titularidad estatal».

Además, en el texto de la declaración se expresa el «firme apoyo» a la integridad del Archivo de la Guerra Civil Española y la necesidad de «cumplir las leyes y las resoluciones judiciales» y el compromiso con el Archivo y los fines para los que fue creado, «testimonio de uno de los episodios más trágicos de la historia de España».

A lo largo de esta declaración se recuerda que la finalidad del Centro Documental de la Memoria Histórica tiene como finalidad la de reunir y recuperar todos los fondos documentales y demás efectos que lo integran, relativos al periodo histórico comprendido entre 1936 y 1978, fundamentalmente para que sean puestos a disposición de los interesados y de los ciudadanos en general.

Asimismo, se incide en que al amparo de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil y custodiados en los archivos de la Guerra Civil Española y sucesivas órdenes ministeriales de autorización dictadas en su ejecución, se procedió a trasladar a la Generalidad desde 2006 hasta 2014 numerosos fondos que se custodiaban en el Centro Documental.

Solo determinados documentos

Sin embargo, la declaración hace hincapié en el artículo 2.2 de la Ley, del que afirma que resulta que «únicamente» se podrán restituir a Cataluña los documentos que cumplan los requisitos señalados, es decir, deben de ser documentos incautados en Cataluña, a personas físicas o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en dicha Comunidad Autónoma, «quedando excluidas al actuaciones que excedan de las previsiones y ámbito señalado».

Las Cortes consideran que lo anterior tiene repercusiones para todos los españoles, independientemente del lugar donde residan, al haberse producido traslados de documentos «sin cumplir» los requisitos legales. «Así, fondos documentales valencianos, murcianos, madrileños, asturianos o aragoneses, entre otros, se mantienen indebidamente en poder de la Generalidad de Cataluña», indica la declaración.

A este respecto, se recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013, dictada con ocasión del recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Castilla y León contra la Ley 21/2005, en la que se señala que la transferencia de fondos documentales a la Generalidad no es incondicionada, sino que tiene como objetivo su restitución a los propietarios originarios o a sus sucesores. De la misma forma, el fallo señala también que «si la transferencia de los documentos se produce a los efectos de ser restituidos, y esta restitución no se puede producir, por no haberse podido acreditarla titularidad de los mismos, tales documentos sigue integrando un archivo de titularidad estatal».

Las Cortes consideran que como el Archivo de titularidad estatal al que se refiere es el Centro Documental de la Memoria Histórica, cuya función es la de custodiar este tipo de documentos y efectos, que estaban depositados en el antes de su traslado a Cataluña, «carece de sentido pensar que los que no han podido ser entregados a sus propietarios o sucesores queden depositados en un lugar distinto del Centro, lugar al que deben ser restituidos».

Por ello, se considera que ante lo dispuesto en la citada sentencia del Tribunal Constitucional «procede devolver al Centro Documental de Salamanca todos los documentos, fondos documentales y otros efectos de la Guerra Civil transferidos a la Generalidad de Cataluña vulnerando el mandato legal, así como aquellos que no han sido restituidos a sus propietarios originarios o a sus sucesores».