El PP impone en el Congreso la reforma express del TC

El PP ha sacado adelante en el Pleno del Congreso, con el único apoyo de su socio electoral de UPN, su proposición de ley de reforma express del Tribunal Constitucional (TC). La mayoría parlamentaria ha desoído las críticas de la oposición y las enmiendas planteadas.

El texto, que ha sido censurado por prácticamente toda la oposición por “innecesario” e “inconstitucional” y porque su único objetivo es inhabilitar al presidente catalán en funciones, Artur Mas, si incumple sentencias del TC, se enviará ahora al Senado, cuya Comisión Constitucional eligió este  miércoles -antes incluso de que el Congreso aprobara la iniciativa– a los miembros de la ponencia que estudiará la reforma.

 

La reforma express otorga la capacidad de sancionar a quien incumpla las sentencias

La reforma express aprobada detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de que, según el PP, ha habido varios casos de “desacato” en los últimos tiempos, en velada alusión a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014.

Con su proposición, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan.

Además, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones (fase en la que entrará el Ejecutivo al día siguiente de las próximas elecciones generales de diciembre), que adopte “las medidas necesarias” para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal.

Y en los casos “de especial trascendencia constitucional”, el Constitucional, ya sea de oficio o a instancia del Gobierno, podrá adoptar esas para ejecutar las sentencias sin oír a las partes. Eso sí, después se habilitará un plazo de tres días para dar audiencia a los afectados y a la Fiscalía, tras los cuales el Alto Tribunal decidirá si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.