Consentimiento paterno obligatorio para que las menores aborten

Aprobados los cambios en la ley del aborto para que las menores de 16 y 17 años precisen del consentimiento paterno. La reforma ha sido aprobado por  184 votos a favor del Grupo Popular, los cinco diputados presentes de Unió y el de Foro Asturias.

Cuatro diputados del PP han roto disciplina de voto, ya fuese durante la votación del dictamen de la Comisión de Sanidad o al pronunciarse en la votación de conjunto que correspondía hacer por tener la norma carácter orgánico.

El PP quiere que los cambios en la ley del aborto que afectan a las menores entren en vigor a finales de septiembre

Durante la sesión han sido rechazadas las enmiendas parciales presentadas por PSOE, Convergència, Izquierda Plural, UPyD, PNV, BNG y ERC.  La intención del PP es que durante el trámite en el Senado no se incorporen más cambios, de forma que el texto no tenga que volver a ser refrendado en el Congreso de los Diputados y pueda estar listo para su publicación en el BOE a finales del mes de septiembre, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

 

La forma escogida para impulsar la reforma que afecta a las menores de 16 y 17 años  ha sido cuestionada por los grupos parlamentarios y las ONG desde el principio, ya que al presentarla en forma de proposición de Ley Orgánica, no ha tenido que pasar el filtro de los órganos consultivos del Estado, encargados de informar las leyes.

Asimismo, el fondo de la cuestión ha recibido numerosas críticas: sus detractores aseguran que abocará a un aborto ilegal e inseguro a las chicas más vulnerables, aquellas que cumplen algunas de las causas tasadas en la ley para no informar a sus progenitores, como en caso de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o desamparo.

Tampoco ha contentado a las asociaciones auto denominadas pro vida, que exigían al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos electorales entendiendo que estos eran la derogación del sistema de plazos actual y la reinstauración del sistema de plazos que avaló el Tribunal Constitucional en una sentencia en 1985.