Martínez Maíllo, secretario de Organización del PP, está imputado

Mariano Rajoy nombra como secretario de Organización del PP a Fernando Martínez Maíllo, quien está siendo investigado por su implicación en un caso de administración desleal cuando formaba parte del Consejo de Administración de Caja España y por el que declarará en calidad de imputado.

La última providencia de la magistrada del juzgado de instrucción número 5, con fecha dos de junio de 2015, demuestra que el procedimiento sigue en marcha, es decir que Martínez Maillo declarará como imputado. La jueza instaba a los querellados a notificar en el plazo de de cinco días si requerían la práctica de alguna diligencia antes de fijar el “señalamiento para las declaraciones de los imputados”.

Twitter martínez maillo

 

Ni el propio Martínez Maíllo ni el PP han desmentido oficialmente la información.

Administración desleal

El Juzgado de Instrucción número 5 de León imputó el pasado nueve de abril  a catorce integrantes del Consejo de Administración de Caja España en 2009 para analizar su supuesta implicación en la concesión irregular de créditos al empresario y presidente de la caja en aquel momento, Santos Llamas.

Entre los imputados, según el auto judicial , figuran el actual presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo, el procurador autonómico Javier García-Prieto o el alcalde de Medina de Rioseco, Artemio Domínguez González, todos ellos del PP.

Entre los imputados socialistas figuran la diputada provincial y concejala en el Ayuntamiento de Palencia, Begoña Núñez, el histórico político socialista Zenón Jiménez-Ridruejo o el exalcalde de León Francisco Fernández. También Miguel Ángel Álvarez, de la UGT, y el secretario autonómico de Asaja de Castilla y León, José Antonio Turrado.

El procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia planteada por Izquierda Unida y la organización Ecologistas en Acción, que aprecian una administración desleal de los fondos de la entidad financiera que habría causado un quebranto en sus cuentas de unos 47 millones de euros, según los denunciantes.