Castro mantiene la fianza a la infanta Cristina

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha desestimado la petición de la Infanta Cristina de que le sea reducida a 449.500 euros la fianza civil de 2,7 millones en el caso Nóos como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

El auto dictado por el juez Castro, recuerda que esa cantidad fue decretada para asegurar el pago de la multa que, en su día y de darse el caso, se le pudiera imponer a la Infanta por los dos delitos contra la Hacienda Pública y por los que Manos Limpias, única acusación que reclama responsabilidades penales contra Cristina de Borbón, solicita ocho años de cárcel para ella.

Castro rebate los argumentos de la infanta y recuerda que nunca declaró voluntariamente

Entre los argumentos esgrimidos por la Infanta, el juez rebate el alegato de que concurre en ella “una indiscutible atenuante” por haber ingresado, en diciembre de 2014, entre otras cantidades, 168.571 euros dirigidos a reparar el 50 % del “daño” que su marido, Iñaki Urdangarin, habría provocado defraudando a Hacienda a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon.

Castro asevera que se trata de una cuestión “controvertida” y “aún más si se toma en consideración la actitud de doña Cristina, quien nunca se ofreció voluntariamente a dar su versión de los hechos” y que “incluso ante su inicial convocatoria judicial se negó a hacerlo hasta que a su estrategia procesal le convino lo contrario”.

Además, recuerda cómo en la declaración que prestó la imputada, el 8 de febrero de 2014, “no se advirtió ni el más mínimo reconocimiento de los hechos ni tan siquiera a título de error o imprevisión, actitudes que son totalmente legítimas en el marco jurídico pero escasamente afines a la de quien dice haberse prestado a reparar un daño”.

Castro recalca incluso que la explicación a este “trabalenguas” radica en que la Duquesa “nunca tuvo la menor intención de llevar a cabo esa reparación como lo evidencia, por mucho que la legalidad le ampare a hacerlo, que nunca ha admitido la causación de tal daño, ni a título de dolo ni de culpa, ni a título de partícipe a título lucrativo ni de cooperador necesario de ningún delito contra la Hacienda Pública”.