Nueva marcha atrás del Gobierno, ahora el Registro Civil

El Gobierno paraliza otras de sus reformas prometidas, la del Registro Civil. El proyecto, calificado como de privatización por sus detractores, fue planificado por Alberto Ruiz Gallardón y debería entrar en vigor el próximo 15 de julio.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que abandona los planes de encomendar a los registradores de propiedad y mercantiles de la gestión del Registro Civil. Lo ha justificado por la falta de consenso en el sector.

“El Gobierno no va a tener un proyecto que no sea compartido por el conjunto de los profesionales. Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar”, ha señalado Catalá.

Catalá ha comunicado la retirada del proyecto a los Registradores de la Propiedad

El ministro ha transmitido al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad su renuncia al proyecto, motivada -ha dicho- por las “discrepancias” con este colectivo y la “crítica” y “oposición importante” por parte de profesionales, sindicatos y partidos políticos. “Por eso nos replanteamos el plazo del 15 de julio, nos replanteamos incluso el modelo”, ha subrayado Catalá.

La privatización del Registro Civil ha provocado un sinfín de denuncias y movilizaciones tanto por parte de los trabajadores del propio Registro, funcionarios y laborales, como de sindicatos y partidos políticos de la oposición y otros colectivos.

El ministro ha insistido en que su deseo es obtener “un servicio público y de calidad” y continuará trabajando para su mejora con la idea que implantar en el menor tiempo posible algunos de los avances pretendidos como, por ejemplo, el registro automático de nacimientos y defunciones por vía telemática desde los hospitales.