La Fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha firmado un decreto este lunes en el que otoga a la Fiscalía Anticorrupción el caso Rato. La investigación fue iniciada en los juzgados de Madrid. Madrigal ha considerado que es un asunto que le corresponde por conexidad con hechos que ya investiga respecto al exmandatario del FMI.

Ambos departamentos que se han disputado la causa después de que Antonio Salinas, fiscal jefe de Anticorrupción, le pidiera analizar y resolver a Madrigal el hecho, según informan fuentes fiscales.

No obstante aunque la Fiscalía de Manuel Moix haya sido la que ha instado a los registros vía urgente, lo normal es que éste hubiera delegado directamente en Anticorrupción sin la intervención de un análisis previo de la fiscal general.

La controversia podría llegar al Congreso

La controversia en la Fiscalía podría llegar al Congreso de los Diputados, puesto que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, comparezcan juntos ante la Comisión de Justicia del Congreso para que aclaren si el Ministerio de Hacienda “puenteó” a la Fiscalía Anticorrupción con su decisión de judicializar la investigación fiscal sobre el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a través de la Fiscalía Provincial de Madrid y no de Anticorrupción.

UPyD reclama la presencia de Montoro y Madrigal para que expliquen “cuál fue la coordinación de los agentes de Aduanas, dependientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y las fiscalías del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción en los registros relativos a Rodrigo Rato, en caso de que haya existido dicha coordinación”.

Sea cual sea la Fiscalía que impulse las actuaciones, el caso ha sido turnado al juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, juez desde 1987 y titular de este órgano desde dos años después.