El Ejecutivo da luz verde a la reforma de la ley tributaria

El Consejo de Ministros dará hoy luz verde a la modificación de la Ley General Tributaria, lo que permitirá conocer la identidad de los morosos y los defraudadores de la Hacienda Pública.

Una vez que reciba el visto bueno del Consejo, la reforma será enviada a las Cortes con la intención de que este definitivamente aprobada en el cuarto trimestre de 2015.

La lista de defraudadores incluirá a aquellas personas físicas y jurídicas que por un lado se les hayan pasado los plazos de ingreso en periodo voluntario y por otro las personas que con potencial económico deban a Hacienda mas de un millón de euros y tendrán hasta el 31 de julio de este año.

La lista de morosos incluirá a aquellos que se pasen los plazos y los que deban más de un millón 

El Ejecutivo lleva tiempo anunciando la lista con el objetivo de propiciar el cumplimiento voluntario y el ingreso efectivo de las deudas antes del último día del mes de julio, debido a que el riesgo de salir en la lista puede llevar a los morosos a saldar la deuda con el fisco.

Además, se publicarán las sentencias condenatorias firmes de los delitos contra la Hacienda Públicas que alcancen firmeza después de la entrada en vigor de la reforma, aunque provenga de hechos que han ocurrido con anterioridad.

El objetivo de esta reforma es que los incumplimientos tributarios más importantes con carga penal sean publicados para concienciar a quienes no cumplen con sus deberes fiscales para que paguen las deudas y eviten el reproche social.

Se amplían los plazos de inspección

La reforma ampliará los plazos para el procedimiento de inspección. Se establecerá un plazo temporal de 18 meses para las actuaciones de inspección con carácter general, actualmente el plazo es de 12 meses. Y de 27 meses para las empresas que estén en un grupo u obligadas a auditarse, actualmente se contempla un plazo de 12 meses.

También se regularán los casos tasados de suspensión y se suprimirán los supuestos de cómputos de dilaciones. Según el Gobierno, todo esto otorga mayor seguridad jurídica y mejor conflictividad.