LEY DE TASAS

En noviembre de 2012, el PP sacó adelante la Ley de Tasas para gravar a los ciudadanos con el pago de una tasa al recurrir en segunda instancia en los contenciosos administrativos. Su efecto disuasorio fue inmediato. Los juzgados se han descongestionado de manera apreciable. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial en torno a un 15%.

Ahora bien, la ley de tasas, a juicio de colegios profesionales y miembros de la magistratura, suponía que los ciudadanos habían dejado de ser iguales ante la ley, ya que sólo los que tuvieran capacidad económica y pagar la tasa podrían ejercer ese derecho al recurso.

Estos colectivos hicieron lobby para provocar una marcha atrás del Gobierno en este tema, que finalmente han conseguido. Tras el último debate sobre el Estado de la Nación, el ministro de Justicia anunció que el gobierno retiraría la obligación del pago de tasas judiciales para personas físicas, manteniendo las tasas para empresas.

 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

El PP reformó la ley que regula el gobierno interno de los jueces, pero continuó manteniendo el sistema de designación actual, es decir, que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por el Parlamento —aunque otorga un papel más activo a jueces y magistrados— suprimiendo la necesidad de la toma de posesión conjunta para evitar las situaciones de bloqueo por parte de los grupos políticos.

Peor suerte corrió la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto incluía una polémica medida: la supresión de los partidos judiciales, lo que suponía de facto la desaparición de numerosos juzgados para concentrarse en las capitales de provincia.

En julio de 2014, el anteproyecto fue guardado en un cajón.

 

LEY DEL ABORTO

El proyecto le costó el cargo al ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, y supuso una de las rectificaciones más sonadas del gobierno de Rajoy. A finales de 2013, el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley del aborto por el que solo se permitía la interrupción del embarazo en dos supuestos: en caso de riesgo para la salud de la madre o de violación.

En el caso de riesgo de salud para la madre, el plazo para abortar sería de 22 semanas, mientras que para los casos de agresión sexual se dispondría solo de 12 semanas, y con presentación de la denuncia. Esta ley dejaría fuera los casos de malformación del feto, el único supuesto que deja posibilidad de aborto por riesgo de salud de la madre. Para poder llevar adelante este supuesto sería necesario presentar un informe de salud mental y también otro que acredite la anomalía fetal.

Toda una declaración de intenciones que ha quedado en que las chicas de entre 16 y 17 años volverán a necesitar el permiso de sus padres o del tutor para abortar.

 

PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

Por Real Decreto, el Registro Civil se privatizará en julio de 2015. La custodia de nacimientos, matrimonios o fallecimientos “estará encomendada a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por razón de su competencia territorial. Dichas oficinas se denominarán Oficinas del Registro Civil y Mercantil”.

En su proceso de convalidación parlamentaria se incluyó una disposición adicional donde se señalaba expresamente que “la prestación del servicio público que constituye el Registro Civil continuará siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo”.

La privatización del Registro deja en el aire el futuro de los trabajadores actuales y ha estado salpicada por  denuncias de que previamente a su ‘cesión’ a los registradores, el Estado se ha gastado más de 200 millones de euros en su modernización.

 

LEY DE JUSTICIA UNIVERSAL

En menos de un mes y en apenas dos horas de debate parlamentario, el PP modificó la ley para limitar la Justicia Universal.

Esta modificación restringe a los tribunales españoles su capacidad en la persecución de delitos contra la humanidad. Los jueces solo tienen competencia si entre las víctimas hay españoles, cuando los hechos estén denunciados por las propias víctimas o la Fiscalía, y cuando los acusados tengan nacionalidad española o residan en nuestro país.

Su aplicación estricta por parte de los magistrados supuso la excarcelación de medio centenar de narcotraficantes en aplicación de la ley y un agrio enfrentamiento entre jueces del Supremo y de la Audiencia Nacional.

Se paralizaron procesos como los genocidios en el Tíbet, Gautemala, Ruanda, la desaparición de 572 personas en el Sáhara o la investigación por la muerte del cámara José Couso en la guerra de Iraq, los vuelos de la CIA con parada en España mientras trasladaban a presuntos terroristas y los ataques a la flotilla de la libertad en Gaza.

 

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA O ‘LEY MORDAZA’

Aprobada en diciembre de 2014 como Ley de Seguridad Ciudadana. La ley mordaza ha sido criticada por organizaciones y plataformas de derechos humanos. Aún así, el Partido Popular aprobó ésta ley en solitario en el Congreso de los diputados.

La ley mordaza contempla multas desde los 100 hasta los 600.000 euros. Entre las acciones consideradas leves se encuentra, por ejemplo, el negarse a identificarse, insultar a la policía durante una manifestación, ocupar las calles con venta ambulante o escalar edificios representativos. La multa  oscila entre los 100 y los 600 euros.

Entre las acciones consideradas graves, cuya multa podría ascender a los 30.000 euros, está: grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización, impedir un desahucio o manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de los parlamentos autonómicos si se “perturba la seguridad”.

Y por último, entre las catalogadas como muy graves están las de reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos o celebrar actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente. La multa podría ascender a 600.000 euros.

Con esta nueva ley se legalizan las devoluciones en caliente de inmigrantes, una medida criticada por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

 

LEY ANTI YIHADISTA

Aprobada mediante un pacto de Estado firmado por el Gobierno del PP y el PSOE, esta nueva ley contempla medidas para evitar el crecimiento de los grupos terroristas yihadistas. Las desarticulaciones de células yihadistas en España, el temor a que nuestro país se convierta en blanco de atentados de los radicales islámicos y los atentados contra el semanario Charlie Hebdo en Francia, fueron algunos de los detonantes en este cambio de legislación.

El pacto logrado incorpora importantes novedades. Destaca, además del aumento de las penas a los terroristas (aplicación de la prisión permanente revisable), la regulación de la figura del lobo solitario y la penalización del adoctrinamiento pasivo (mediante internet).

 

NUEVA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

El jueves 26 de marzo de 2015 se aprobó en el Congreso el nuevo Código Penal, que desde 1995 ha sido objeto de numerosas reformas. El PP la ha sacado adelante sólo con sus votos.

Los artículos reformados más polémicos son:

La prisión permanente revisable se podría alargar toda la vida

Esta pena se aplicará excepcionalmente para los casos de homicidios terroristas, para los asesinatos de menores de 16 años agravados por violencia sexual -como el de Sandra Palo, las niñas de Alcasser, Mari Luz Cortés o Marta del Castillo-, y para los casos de asesinatos múltiples y los cometidos por organización criminal. Así como para crímenes de lesa humanidad y genocidios.

Con la reforma, transcurrido el periodo de tiempo de reclusión, que vendrá determinado por la cantidad de delitos cometidos y su naturaleza, se le realizará al reo una evaluación y el tribunal podrá determinar su puesta en libertad o bien fijará una nueva fecha para una próxima revisión.

Delito de financiación ilegal de partidos políticos

El castigo de este delito podrá conllevar pena de cárcel de entre seis meses a cuatro años. Tendrán pena de prisión aquellos sujetos que acepten donaciones a partidos políticos superiores a 500.000 euros. La trampa está en que la corrupción suele fraccionar estas cantidades para no incurrir en un delito. Además, esta cantidad resulta exageradamente alta si lo comparamos con las cantidades impuestas en otros delitos como apropiación indebida o estafa, que llevan aparejada una condena de seis meses a tres años de cárcel si se superan los 400 euros.

Huelgas y Piquetes

Se reducen a dos años las penas de cárcel a quienes impidan el ejercicio de huelga, siempre que no utilicen coacción, en cuyo caso la pena podrá ascender a tres años de prisión.

Por otro lado en el delito de desórdenes públicos ya no será preciso demostrar el daño efectivo, y será agravante que tenga lugar en una reunión o manifestación. También aumenta la pena por amenazar a un policía en el transcurso de una manifestación y se podrá imponer una condena de hasta seis años por promover protestas ilegales en redes sociales, incluso decretarse la prisión preventiva.

Medida de libertad vigilada

Esta pena podrá imponerse como adicional tras el cumplimiento de la condena en prisión, y podría llegar a tener una duración superior a la condena principal.

La libertad vigilada que estaba establecida para delitos muy graves, se extiende ahora a la gran mayoría de los casos.

Desaparecen las faltas penales

Las faltas desaparecen y se transforman en delitos leves o pasan a ser sanciones administrativas. Aquellas que se conviertan en delitos leves conllevarán una pena mayor y además generarán antecedentes penales.  Las que se queden en meras sanciones administrativas no tendrán control judicial.

Otras modificaciones importantes a tener en cuenta son:

Robos y hurtos

El límite del hurto pasa de 400 a 500 euros. Y se aumenta la persecución del robo de cable de cobre o de suministro eléctrico, también la persecución a reincidentes, butrones y alunizajes.

Expulsión de Europeos

Como caso excepcional, un ciudadano europeo podrá ser expulsado si incurre en una amenaza grave para la seguridad del país. Hasta el momento solo se aplicaba a extranjeros no pertenecientes a países comunitarios.

Compartir vídeos íntimos sin permiso

A raíz del caso de Olvido Hormigos, será un delito compartir vídeos íntimos en la red aunque la grabación se hubiera realizado con consentimiento de la víctima. La pena de cárcel puede ser de tres meses a un año. Ésta pena se impondrá en el tramo más alto cuando los hechos los realice el cónyuge o persona vinculada a la víctima por análoga relación de afectividad. También se agrava si el perjudicado es menor de edad o sufre una discapacidad.

Maltrato animal

Se recoge por primera vez la explotación sexual y amplía el concepto de maltrato de animales, incluyendo las peleas de gallos o de perros. Y se incrementa la pena de multa respecto al abandono de animales.

Pornografía Infantil

La ley  en lo que se refiere a la prostitución de menores o incapacitados, incluirá un castigo penal a aquellas personas que contacten con un menor a través de medios tecnológicos para embaucarle y que facilite imágenes pornográficas. También recoge el acoso mediante llamadas telefónicas o seguimientos a una persona, hechos que en numerosas ocasiones no podían ser perseguidas como delito al no haber violencia.