Uno de cada cuatro parados sobrevive en la economía sumergida

Cuatro millones de empleos genera la economía sumergida en España. De ellos, una cuarta parte, 1,3 millones, son trabajadores que oficialmente figuran como parados y el resto suponen fraudes en los contratos legales. Es decir, personas y empresas que declaran tener una actividad laboral, pero donde una parte significativa de sus ingresos son percibidos en ‘negro’, según un informe elaborado por ASEMPLEO.

Estos datos, explicarían, en parte, explicarían el leve crecimiento económico en España -la economía sumergida es un elemento que se ha incorporado para calcular el PIB de España- y el escaso grado de conflictividad social en una economía que soporta más de un 20% de parados.

En términos impositivos, ese casi millón y medio de empleados ‘invisibles’ suponen un impacto negativo directo para Hacienda de 80.000 euros teniendo en cuenta lo que se ahorran empleados y empleadores en pagos a la Seguridad Social y tributos directos a la administración. Esta cifra sumada a ese 18% de la población activa que sobrevive en la economía sumergida alcanza los 240.000 millones de euros que están fuera de los canales legales.

La economía sumergida en España representa más de un 20% del Producto Interior Bruto. Esto nos sitúa en el top 3 de los países con mayor peso sobre el PIB en materia de economía no declarada en Europa.

 

La prioridad de los parados es conseguir ingresos

Según el informe, una de las consecuencias de la crisis es que “ha dejado a una parte de la población en una situación precaria (1.766.300 de hogares con todos sus miembros en paro, 3.352.900 paro de larga duración), lo que ha conducido a numerosas personas a priorizar la urgencia en la consecución de recursos sobre por encima de la legalidad o regularidad de sus formas de obtención”.

Una de las causas que más peso tiene en nuestro país “a la hora de optar por el empleo no declarado es el rechazo a realizar un empleo considerado como ‘precario”. Desde ASEMPLEO se afirma que “sería necesario controlar que los contratos temporales responden verdaderamente a necesidades temporales de la empresa y no a necesidades permanentes. La solución pasa por un mayor control y una gestión profesional de la temporalidad, que garantice que esa temporalidad es causal, real y justificada”.

Según el reciente estudio elaborado por el Consejo Empresarial de la Competitividad, el perfil del trabajador sumergido responde a dos colectivos principalmente: por una parte a los parados y por otra a los jóvenes de entre 15 y 35 años que perciben parte de su salario ‘en negro’.

ASEMPLEO subraya que “un aumento en la tasa de participación de las ETT (actualmente en el 0,5%) de un 1,75%, produciría un impacto sobre la economía sumergida de un punto porcentual de reducción sobre esta en términos de PIB”. En términos económicos, para la empresa de trabajo temporal, este aumento supondría unos ingresos extras para el Estado superior a los 3.300 millones de euros.

Los planes de lucha contra el fraude puestos en marcha por el Gobierno, las inspecciones a los parados básicamente y a algunas empresas, habrían hecho aflorar 171.000 empleos en 2013 -los datos correspondientes al último ejercicio no se han hecho públicos todavía.