La Agencia Tributaria compara las donaciones al PP con las de Cáritas

La Agencia Tributaria no aprecia delito fiscal en las donaciones que percibió el PP en 2008. Así se lo ha remitido en un escrito al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, donde además justifica la «exención» del pago de tributos por estar acreditado su uso; y pone como ejemplo un supuesto dinero que hubiera percibido Cáritas en negro.

La Agencia Tributaria estima que la reacción jurídica no es en el ámbito tributario, y pone como ejemplo que si un empresario dona 400.000 euros de dinero negro a Cáritas y esta entidad da de comer a 1.000 niños con ello, es decir, lo destina a su fin, el ordenamiento tributario no reacciona determinando que la ONG haya cometido delito fiscal por no tratarse esa donación como ingreso tributario.

Para la Agencia Tributaria, habría quedado acreditado que las donaciones que recibió el PP fueron a fines propios de un partido político, como es el caso del pago de actos electorales, obras en inmuebles del partido…, cumpliendo, «con independencia de su origen», con el fin de interés general, «bien jurídico protegido por la exención fiscal».

Según la Agencia Tributaria, las donaciones a entidades sin ánimo de lucro «siempre» han estado exentas, y añade que el único requisito legal para la aplicación de la exención es que los fondos se dediquen al objeto principal de la entidad sin ánimo de lucro. Este uso habría quedado «acreditado».

 

La Agencia Tributaria remite al Tribunal de Cuentas las sanciones administrativas, si las hubiera

Además, según el organismo, para el donatario, en este caso el PP, siempre que se tratara de una donación ilegal, supondría en todo caso una infracción administrativa a sancionar por el Tribunal de Cuentas, «con un régimen sancionador que acaba de ser agravado en la reciente reforma de la ley de financiación de partidos políticos».

De este modo, la Agencia Tributaria responde al juez Ruz, quien le había solicitado que determinara «la eventual responsabilidad» que pudiera alcanzar al PP por el Impuesto sobre Sociedades de 2008 -último año no prescrito- y por el IVA en relación con las donaciones que recibió en dicho ejercicio, a pesar de que considera que la petición del juez podría constituir una solicitud «exorbitante al marco legal del auxilio judicial», con una posible «invasión» de las competencias de la Administración Pública por el órgano judicial.