Ignacio González, de escándalo en escándalo

 

Nuevo jarro de agua fría a las aspiraciones de Ignacio González para repetir como candidato del PP a la Comunidad de Madrid. El abono de 230.000 euros a jueces de la capital en concepto de asistencia técnica para la implantación de mejoras tecnológicas en los juzgados pagados por la empresa pública Indra engrosa la lista de escándalos que salpican la gestión del PP en lo que va de Legislatura: tarjetas black en Cajamadrid, operación Púnica, trama Gürtel o el dudoso origen de su ático en Marbella, entre otros.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigará de oficio si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira y otros jueces han incurrido en incompatibilidad por cobrar primas por asesorar a Indra, la empresa informática de la Comunidad de Madrid.

La decisión del máximo órgano de los jueces se produce una vez que Viera haya informado de la asistencia técnica se produjo a petición de la Comunidad de Madrid y que haya reconocido que esta actividad no precisaba de una autorización expresa por parte del CGPJ, según un comunicado de este órgano.

Por otra parte, la Comisión Permanente del CGPJ acordó por unanimidad dirigirse al Servicio de Inspección del CGPJ para recabar la información necesaria para aclarar los hechos.

 

Una empresa pública de Madrid pagó a jueces en concepto de asesoría

Según una información publicada por El País, la investigación hace referencia a 230.000 euros percibidos por 32 miembros de la judicatura, jueces, fiscales y secretarios de juzgados en concepto de asesoría de un proyecto tecnológico para introducir mejoras informáticas en los juzgados de la empresa Indra. Fue el propio Vieira, según el diario, fue quien solicitó los pagos, que ha justificado al entender que no son funciones de su cometido como magistrados.

Según Vieira, todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes. También ha especificado que esta actividad “estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorización o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo 343”.

Por su parte, la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, en una nota de prensa, explicitaba que “dado el esfuerzo que lleva aparejado este trabajo, la Justicia traslada en 2011 la necesidad de compensar el esfuerzo de los potenciales participantes como forma de garantizar su colaboración en un proyecto de tanto impacto para las admnistraciones”.

 

La oposición exige explicaciones a Ignacio González

La noticia se ha colado en el debate político y todos los partidos de la oposición exigen explicaciones al gobierno de Ignacio González. Desde el PSOE se ironiza si también González ha pagado primas a otros colectivos como sanitarios o profesores que también ha colaborado en la mejora de sistemas informáticos en Madrid y se pide al CGPJ que investigue este “gravísimo atentado” contra la separación de poderes.

UpyD, por su parte ha exigido la comparecencia de González en el Parlamento autonómico y ha resaltado que la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM)  “se ha utilizado como instrumento del Gobierno de Madrid y del PP para actuaciones irregulares y presuntamente delictivas”, según recoge un comunicado.

La relación entre ICM e Indra está siendo investigada por la Audiencia Nacional en el sumario de la operación Púnica. En concreto, se intenta comporobar la existencia de facturas falsas entre el Gobierno de Ignacio González y la empresa, y relativas al caso de un pago de 10.000 euros que supupuestamente hizo Indra a un informático.