Aforados, ¿qué fue del debate sobre su supresión?

Blindar a los consejeros presuntamente implicados en los EREs fraudulentos en Andalucía para que no los pueda citar la jueza Alaya durante la inminente campaña electoral (PSOE), o no suprimir el número de aforados en la Reforma de la Ley del Poder Judicial (PP), evidencia la escasa voluntad de los partidos políticos mayoritarios, más allá de las declaraciones públicas, de perseguir los casos de corrupción política.

El fuero es un derecho, privilegio según algunos, por el que determinados ciudadanos con un estatus especial se escapan de los tribunales ordinarios, y ante la presunta comisión de un delito son encausados por determinados tribunales, normalmente los superiores; es decir, por el Supremo o el Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas.

Un derecho que, en definitiva, altera las normas procesales y que en la práctica supone una dilación de los procesos, ya que cuando un instructor se topa con un aforado debe de parar sus investigaciones y mandar el caso a estos tribunales superiores cuya designación depende de Consejo General del Poder Judicial, quienes a su vez son nombrados en gran medida por los propios partidos políticos.

 

Aforado, ¿derecho o privilegio?

Formalmente el aforado -y las personas arrastradas en el proceso de turno- pierde un escalón a la hora de recurrir una sentencia, pero se da la circunstancia que los instructores de estos tribunales no gozan de la misma ‘especialidad’ a la hora de instruir que los tribunales ordinarios, y la paradoja que cuya designación depende en gran media de los partidos políticos a través de sus parlamentos. Una pescadilla que se acaba mordiendo la cola.

Un fuero del que se valen las defensas para dilatar procesos, ralentizar las investigaciones en marcha o trocear sumarios en varias causas que dificultan la investigación, como ha puesto de manifiesto el trasiego de sumarios de Andalucía al Supremo para investigar la participación de los ex presidentes Chaves o Griñan el el sumario de los EREs o el del senador canario Miguel Zerolo, que ha dimitido en diferido de su escaño para mantener su condición de aforado y no ser investigado en su tierra.

El aforamiento satura tribunales que no están preparados para esta labor: por ejemplo, el TSJ de Valencia está atascado con los casos de una decena de aforados. Además, coloca los sumarios en manos de magistrados que llevan décadas sin instruir un caso. “Es como poner al mejor cirujano del país a curar gripes”, afirma Iñaki Esparza, en su Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales.

 

17.621 aforados en España, cerca de 2.000 políticos

En España la cifra de aforados es 17.621. Una cifra que incluye los aforados políticos, el total de los miembros de los órganos judicial y fiscal, incluidos los jueces de paz. Y si se computara a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen un aforamiento parcial, la cifra se elevaría a 280.159 aforados en España.

Cerca de 2.000, más del 10%, son políticos y el discurso de su reducción parece haber pasado a un segundo plano en la agenda política. El dimitido Gallardón llegó a plantear bajar la cifra a 22 en una entrevista en agosto de 2014, pero desde entonces nada ha cambiado. O mejor dicho se ha aumentado, al incluir al rey emérito en esta condición.

La única iniciativa parlamentaria debatida en el Congreso para la anulación de este blindaje, presentada por UPyD, cosechó una apabullante derrota: Solo 19 diputados votaron a favor. Está claro que no había intención real de hacerse ‘el hara kiri’.

Tampoco el gobierno fue permeable a las recomendaciones y críticas que las asociaciones de jueces vertieron en torno al anteproyecto de reforma de la Ley de Reforma del Consejo General del Poder Jucidial, donde planteaban que se procediera a la reducción de aforados y cuyo texto “incrementa el número de aforados, en lugar de proceder a la eliminación de muchos de ellos, como sucede en la gran mayoría de países europeos”.

 

Aforados y corrupción

Aunque la implicación de aforados en los más de 1.900 casos de corrupción política no es significativa numéricamente, la mayoría de los más de 300 políticos imputados son alcaldes o concejales, sí lo resulta en lo tocante a los casos investigados más sonoros, como fueron en su día la trama Filesa (PSOE), o ahora el caso Palma Arena (PP), la Gürtel o el caso Pujol.

Eso sin las otras causas, porque este privilegio también les evita su paso por los tribunales ordinarios en procesos como el infringir las normas de tráfico. Al popular Nacho Uriarte el Supremo le juzgó por conducir superando las tasas de alcohol en sangre. En lugar de celebrarse un juicio rápido, su caso se enfangó durante dos años.

Aunque tambén depara ‘sospresas agradables’, como el ‘descuido’ de incluir a las infantas en el fuero ha permitido que el juez Castro haya instruido el caso Nóos, en vez del Supremo -que es quien juzga a Jaume Matas- con el resultado ya conocido. Pocos dudan que el Supremo hubiera sido ‘más permeable’ a los argumentos del fiscal del caso.

El fuero o el aforamiento resulta un tema singular en la legislación española que no cuenta parangón en el mundo. Ni en Alemania ni en Reino Unido ni en Estados Unidos hay aforados. En Portugal e Italia no existe más aforado que el Presidente de la República; en Francia, sólo son aforados el Presidente de la República, el primer ministro y sus ministros.

Está claro que “Spain is diferent”.

   

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