La Complutense investiga las asesorías de Monedero a Venezuela

Los gestores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) estudian en su reunión de claustro si van abrir un expediente sancionador contra Juan Carlos Monedero. Los responsables del rectorado analizarán si los 425.000 euros cobrados por el dirigente de Podemos, en concreto de contratos de asesoría a varios gobiernos sudamericanos (Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua), cumplen  con las normas univesitarias.

Los pagos corresponderían a trabajos efectuados en 2010 y que fueron satisfechos en 2013. Las dudas existentes, al margen de si Juan Carlos Monedero ha cumplido o no con sus obligaciones fiscales, residen en que, según el marco normativo de la Universidad Complutense, para efectuar este tipo de trabajos de consultoría se ha de solicitar un permiso a la institución universitaria y han de canalizarse a través de convenios o contratos de investigación regidos por el artículo 83 de la  Ley Orgánica de Universidades (LOU).

Este artículo 83 es el que afecta al personal de la Universidad Complutense «para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación”.

Y establece, además, de la necesidad de un permiso o reconocimiento de compatibilidad por parte del centro, que se han de sustanciar en un contrato donde es la propia Universidad quien fiscaliza dichos trabajos y establece “los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos [los trabajos] se obtengan”.

Es decir, que los ingresos se deberían haber cobrado a través de la Universidad, quien se queda en concepto de gestión con una parte de estos fondos; algo que no ha sucedido en los 425.000 euros que Juan Carlos Monedero ha reconocido que ha facturado a través su sociedad unipersonal.

Las cuentas de Monedero, en cuestión

Luis Arroyo, consultor y asesor político, ha subrayado en el Programa de Ana Rosa, que la cifra que asegura ha cobrado Monedero por estos trabajos es «mentira», que los trabajos de consultoría política nunca alcanzan esa cantidad. «Por un trabajo de investigación o de asesoría de unos tres meses de duración se pueden cobrar unos 30.000 euros como máximo».

Arroyo ha reconocido haber coincidido con Monedero en Venezuela, «aunque yo asesorando a un partido pequeño de la oposición y él a Chavez y a Maduro», no duda de que el dirigente haya realizado dichos trabajos, pero no ha querido valorar si los contratos se han regido por la normativa de la Universidad Complutense.