Los jueces dudan de la constitucionalidad de la LECrim

Los jueces ponen en tela de juicio la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) elaborada por el Gobierno en el articulado referente a la intervención de las telecomunicaciónes. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe donde se afirma que existen “serias dudas de encaje constitucional” en lo referente a la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial previa.

En texto aprobado por unanimidad por el máximo órgano de los jueces sostiene que la autorización judicial previa de las comunicaciones queda prevista en el  18.3 de la Constitución y que sólo existen excepciones consignadas en el artículo 55.2 de la Constitución sobre la suspensión del derecho al secreto de las comunicaciones en los casos de bandas armadas o terrorismo. Argumentos que, en su opinión, genera reservas sobre su constitucionalidad cuando se intenta aplicar a otro tipo de delitos.

El órgano de los jueces no creen en la discreccionalidad del anteproyecto de ley

El anteproyecto del Gobierno  prevé que la Policía pueda prescindir de esa autorización judicial previa “en caso de urgencia” y para investigar delitos cometidos por organizaciones criminales, de terrorismo, contra menores u otros de especial gravedad, dejando la iniciativa al ministro del Interior o del secretario de Estado de Seguridad y cuya obligación sería comunicar dicha actuación a un juez en un plazo máximo de 24 horas quien, a su vez. tendría otra 72 horas para validar o anular dicha medida.

El Consejo General del Poder Judicial también se ha manifestado sobre la fijación de los tiempos máximos para la instrucción de los sumarios -seis meses para las causas ordinarias y dieciocho meses, prorrogables, para las complejas-, entienden que  “debería permitirse la prórroga del plazo máximo de la instrucción ordinaria por igual periodo de tiempo”, tal y como se prevé para las causas complejas, y que esta petición puedan hacerla las partes, además del fiscal.