El PSOE recurre ante el TC la indemnización al proyecto Castor

El PSOE recurre ante el Tribunal Constitucional la indemnización con la que el gobierno pagó una filial de ACS, ESCAL UGS, S.L., por la paralización del proyecto de almacén gasístico Castor frente a la costa de Castellón y Tarragona.

Durante la presentación del recurso, Ximo Puig, secretario de Reformas Democráticas del PSOE y secretario general de los socialistas valencianos, ha denunciado que  «se le ha pagado a una empresa 1.300 millones de euros sin intentar saber qué había pasado realmente». Asimismo el protavoz parlamentario del grupo socialistas, Antonio Hernando, ha asegurado que el Ejecutivo «se ha sacado de la manga» la cantidad y «ni ha mirado la factura».

El PSOE entiende que hasta seis artículos del Decreto-ley (los seis primeros) «exceden ampliamente, en su contenido regulatorio, el marco y los criterios constitucionales establecidos por la jurisprudencia del TC» en materia de «adecuación constitucional de las leyes singulares».

Por otra parte, han denunciado que el decreto-ley de indemnización al proyecto Castor defiende «un interés particular en lugar de un interés general». De hecho, el recurso que han presentado denuncia la aparente «renuncia» del Gobierno a «imputar al concesionario cualquier responsabilidad en lo sucedido en el almacenamiento y su puesta en servicio».

La paralización de Castor colleva un coste extra para los consumidores

Además, los socialistas lamentan que, según han indicado, el coste de las compensaciones por el proyecto Castor se traducirá en un coste extra en las facturas del gas de los consumidores que tendrá efecto hasta dentro de 30 años (a partir de 2016) y cuestionan si «no hubiese sido descabellado haber planteado un esquema de reparto del coste entre el concesionario y los consumidores más equilibrado».

A este coste del proyecto Castor habrá que añadir además «otras partidas aún indeterminadas» que se derivarán del coste que suponga mantener el almacén en estado de hibernación y, en caso de que se adopte la decisión de desmantelarlo, el gasto correspondiente a la operación, según explica el documento.

En este sentido, han criticado también que se descarte financiar la compensación mediante Deuda Pública en lugar de a través de financiación en los mercados y estima que la alternativa adoptada por el Gobierno supondrá «un sobrecoste de casi 200 millones de euros».

En conjunto, los socialistas creen que en el proceso de aprobación del Decreto-ley «ha faltado transparencia y publicidad» sobre los informes disponibles acerca del proyecto y de los fallos sísmicos presuntamente causados desde el inicio de los trabajos relativos al almacenamiento de gas, así como el coste total de la operación del proyecto Castor.