Las medidas anti corrupción que no escuchan los partidos

 

El ingreso de Carlos Fabra en prisión para cumplir una condena por un delito contra la Hacienda es el penúltimo capítulo de la crónica de la corrupción en España. «El  término opuesto a corrupción política es transparencia«. Con este preámbulo, la  Organización de Inspectores de Hacienda plantea su decálogo de medidas que vienen reclamando desde 2005 para acabar con la corrupción política. Demandas como una sola cabeza judicial, fiscal -asumiría la Fiscalía Anticorrupción- y policial: la Unidad Antifraude para luchar contra la corrupción, que dependa  del Parlamento  y no directamente del Gobierno, la creación de una policía fiscal o que se ampare legalmente a quien denuncie casos de corrupción.

Unas propuestas que apenas se deslizaron en el debate sobre la corrupción en el Congreso y que obraban en poder de los grupos políticos en liza y que también formaban parte de las 238 medidas para terminar con el fraude fiscal entregadas a Podemos la pasada semana.

La condena más común a los delitos de corrupción es la «pena del telediario»

 

Los inspectores apuntan a tres como las causas principales de que se haya extendido el fenómeno de la corrupción: «los casos que se descubren se deben a meras casualidades o denuncias» y no por la acciónde control del estado. Una vez descubiertos, las condenas «que se producen no suponen el ingreso en prisión, salvo algún caso excepcional» y que nunca se devuelve el dinero porque suele «estar siempre a buen recaudo en los paraísos fiscales, a la espera de que tarde o temprano llegue una amnistía fiscal».

Un caldo de cultivo que fomenta la sensación de «impunidad». » Hay muchas probabilidades de que la única pena que tenga que sufrir es la llamada “pena del telediario”. Pero, a cambio, el corrupto tiene solucionada su vida», subraya el preámbulo que contiene las 38 propuestas.

Tres problemas que tienen soluciones; los inspectores denuncian la acción política en esta materia sentenciando: «A la vista de la situación actual, los resultados se pueden calificar como de estrepitoso fracaso. Quizá por falta de medios, o de competencias para actuar, pero ciertamente no están sirviendo para evitar, frenar, ni prevenir la oleada de corrupción que sufre España desde hace muchos años».

Se lamentan de la falta de medios que cuentan actualmente en la Agencia Tributaria para combatir la corrupción (su plantilla ha adelagazado en más de 6.000 personas y la edad media de sus trabajadores ha crecido hasta situarse en los 50 años), el exceso de unidades policiales que persiguen los delitos de corrupción, hasta 11 en la Policía Nacional, 6 en la Guardia Civil además de las que maneja la propia AEAT, el Ministerio Fiscal, el SEPBLAC del Banco de España que trabajan de manera «escasamente integrados y coordinados». Por ello reclaman que se cree la policía fiscal.

Un único órgano para combatir la corrupción: la ONAF

 

La Oficina Antifraude (ONAF), con dependencia del parlamento y no del gobierno, sería el máximo órgano responsable y coordinador en materia de prevención, investigación y represión de la corrupción, y de los delitos de blanqueo de capitales y otros económicos.

Su competencia de la ONAF «sería la tramitación en exclusiva, a salvo de la competencia de la AEAT de tramitar delitos fiscales y de blanqueo asociados, de todo tipo de delitos económicos, abarcando todo el espectro de su represión, desde la parte preventiva, como la de control, recepción e investigación de denuncias, elaboración de un plan de control preventivo, y en sucaso, la interposición de la correspondiente denuncia ante los órganos judiciales, y la colaboración en la instrucción». Integraría a la Fiscalía Anticorrupción.

Reforzar la denuncia pública es otra de las medidas a implementar. Solicitan que se creen canales «de información quegaranticen la necesaria confidencialidad a los ciudadanos, o empleados de empresas o instituciones, que, disponiendo de información relevante para la lucha contra el fraude y la corrupción, quieran transmitirla a las instituciones y órganos encargados de investigarla. y que se «regule el pago a confidentes para supuestos de denuncia de delitos».

Los fiscales ponen como ejemplo lo ocurrido en Estados Unidos: el caso de un antiguo empleado de uno de los mayores bancos que después de estar en la cárcel más de tres años por facilitar la evasión, ha cobrado una recompensa de 104 millones de dólares por delatar a su banco.

Según los datos oficiales que obran en poder del Consejo General del Poder Judicial (un informe con fecha 25 de abril de 2013), en la actualidad se instruyen un total de 2.173 procedimientos de los considerados de especial complejidad. Y de ellos, 1.661 corresponden a causas que tienen que ver con la corrpución política en todos sus aspectos (de blanqueo a sobornos pasando por prevaricación o tráfico de influencias). Y si afinamos aún más 302 de esas miles de causas forman parte de los llamados macroprocesos, tales como la Operación Malaya o la Trama Gürtel.