El Estado perdona a las eléctricas 3.000 millones de euros

Las compañías eléctricas cobraron de más 3.000 millones de euros. A pesar de los informes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Abogacía del Estado, ningún gobierno ha reclamado esta cantidad correspondiente a los años 2005 y 2006 correspondientes a la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia.

Hasta en tres ocasiones, en sendos informes, la CNE ha reclamado al Ministerio de Industria a que se pronunciara al respecto, y la callada administrativa ha sido la reiterada respuesta manifestada, tanto por el último Gobierno de Zapatero como por el ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a dichos informes presentados en 2010, 2009 y en 2006.

Este montante corresponde a la supresión del concepto Costes de Transición a la Competencia (CTC), derogado en 2006. “La supresión de los Costes de Transición a la Competencia sin un análisis sobre el grado de amortización de dichos costes, por empresas y por instalaciones, ni sobre las cantidades recuperadas por este concepto desde 1998, podría llevar a que los derechos de cobro de las empresas financiadoras del déficit tarifario fueran superiores a los que les corresponderían en caso de considerar el impacto de la eliminación de los CTC”, dice uno de los informes remitidos a Industria.

Asimismo, en otro de los documentos, en el voto particular de dos consejero de la CNE se insistía en la necesidad de la liquidación de los CTC porque no hacerlo sería actuar “en perjuicio de los consumidores”.

Los CTC, una manera de  garantizar las inversiones de las eléctricas

Los CTC se crearon en 1997, con la Ley del Sector Eléctrico, con el objeto de que las inversiones realizadas hasta ese momento por las eléctricas tuviesen un retorno suficiente garantizado, sin riesgos asociados al proceso de liberalización del mercado.

Con ellos, les garantizó un precio de la electricidad de 36 euros por megavatio hora (MWh), de modo que se les compensaría hasta igualar esta cifra en los momentos en los que el mercado marcase un precio inferior, con un tope de 1,7 billones de pesentas (10.200 millones de euros). El mecanismo también descontaba a las eléctricas los ingresos obtenidos en cuanto el mercado superase los 36 euros por MWh.

Los 3.000 millones que las eléctricas deben al Estado podría haber servido para enjugar la cantidad que estas compañías demandan en concepto de déficit de tarifa -la diferencia entre lo que cuesta y lo que paga el consumidor final por el recibo de la luz-, un argumento que esgrimen estas compañías habitualmente.

La reclamación a la que el Gobierno tiene derecho prescribe, según los letrados del Ministerio de Justicia, en junio de 2010, cuatro años después de la aprobación del real decreto ley. Y mientras los sucesivos gobierno no reclaman esta deuda, los cálculos de las diferentes ONG afirman que en siete millones de personas sufren pobreza energética en España.