El Consejo de Enfermería carga contra Rodríguez y no contra Mato

“El Consejo General de Enfermería exige la dimisión de Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero no la de la ministra Ana Mato, de quien evitó pronunciarse. Máximo González Jurado, presidente del Consejo ha afirmado que las responsabilidades por los fallos detectados e incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la gestión del ébola “corresponden a las Comunidades Autónomas” y no al gobierno de la nación.

El Consejo de Enfermería apunta a un responsable

Además, en el caso de Rodriguez, en opinión de González Jurado concurre el agravante de sus declaraciones públicas, donde acusó directamente a Teresa Romero de ser la responsable de su contagio. “Teníamos claro que en algún momento se iba a responsabilizar a Teresa del contagio, ‘estaba en el manual”, sentenció.

El Consejo General de Enfermería ha presentado las conclusiones del “Informe Relativo a las Actuaciones Realizadas en el Ámbito de la Atención a Pacientes con Enfermedad por Virus de Ébola en España”, un documento de 150 páginas, donde se analiza la actuación de los gestores sanitarios en relación a la crisis del ébola en relación con el personal sanitario.

Vulneración de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales

El presidente del Consejo General de Enfermería considera que durante el tratamiento al que han sometido los pacientes contagiados en España, sobre todo los dos misioneros fallecidos, “se ha podido vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, delitos que podrían acarrear penas de 6 meses a 3 años de prisión, además de la pertinente responsabilidad penal.

En el capítulos de los incumplimientos también habría que añadir “falta de formación y entrenamiento” en el manejo de materiales para la prevención y cuidado de pacientes afectados por la enfermedad del virus del ébola, el deficiente material empleado -calzas que no eran impermeables, guantes de vinilo y no de nitrilo o la no utilización de gafas antivaho, entre otras- y el no haber contado con la participación expresa de los enfermeros a la hora de elaborar los protocolos. Un hecho que marca la ley, y habida cuenta que el “95% de las actuaciones en el tratamiento de los pacientes” ha recaído en personal de enfermería parecería imprescindible.

No obstante, Máximo González ha afirmado que a pesar de las conclusiones del Informe no actuarán judicialmente contra los responsables de estos incuplimientos y que su organización no contempla poner una querella, aunque “están a disposición de las diligencias que ha abierto la Fiscalía” para aportar cuanto precise en su investigación.