¿Se ha calumniado e injuriado a Teresa? ¿Se han cumplido las normas de seguridad en el trabajo? ¿Se aplicó correctamente el protocolo de la OMS? ¿Tenía la sanitaria el equipo necesario? ¿Había recibido una formación adecuada? ¿Se han respetado sus derechos como paciente? ¿Se han vulnerado derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, y al tratamiento de sus datos de carácter personal?

En definitiva, ¿Qué derechos de Teresa Romero podrían haber sido vulnerados?

Los derechos: el derecho a la privacidad

Para responder a las cuestiones de privacidad, irispress ha podido entrevistar, entre otros expertos, al profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València, y presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad, Ricard Martínez.

En relación a los derechos fundamentales de Teresa, especialmente en lo relativo a la privacidad, el profesor valora que el interés informativo por su estado de salud es evidente, se trata de una enfermedad muy grave, que puede derivar en una epidemia que puede extenderse al resto de la población y por tanto, afecta a la salud pública. Además, la opinión pública exigía información sobre las posibilidades de contagio.

Ricard Martínez, distingue entre aquello que informativamente tiene interés público, es decir, el contagio de una profesional y su trayectoria relevante a efectos de saber que ha ocurrido, y el tratamiento de determinada información que ha podido ir más allá del interés público e informativo. Para el profesor ha existido una sobreexposición de su imagen. Destaca dos asuntos:

El hecho de que la captación de imágenes afecte al valor de la privacidad y al ser fotografiada en el interior de una habitación del hospital se asimila a la inviolabilidad del domicilio. Además, afecta a la dignidad de la paciente.

El hecho de que la revelación a terceros de datos relacionados con lo que podría calificarse de investigación laboral interna, causa cierta sorpresa en la medida en la que cualquier persona relacionada con la gestión de personal está vinculada por el deber de secreto profesional y si hay tratamiento de datos, que es lo habitual, también está afectado por el de secreto regulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

En trabajos previos, el profesor Ricard Martínez ha relatado que en España el Tribunal Constitucional ante los casos de conflicto ha atribuido al derecho a la información o la libertad de expresión una posición preferente sobre el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar pero ha exigido que la información sea veraz, entendida dicha veracidad en términos de diligencia en la comprobación de los hechos, y que sea relevante para el interés general. El tribunal en distintas sentencias distingue la información de interés público de la mera curiosidad. Y debe ponderarse escrupulosamente cuando afecte a datos especialmente protegidos, tales como ideología, religión, creencias, salud, vida sexual o aspectos raciales. En estos supuestos el tratamiento se limitará a hechos de interés público, ciñéndose a los aspectos esenciales de la información.

En este caso, existe un conjunto de informaciones relevantes: cómo se contagió, cómo se desarrolló su vida diaria o por qué no fue inmediatamente atendida. Pero la información sobre su identidad, la presencia de médicos en la calle facilitando información, incluso clínica, y por último la publicación de fotografías en algunos medios en las que se ve a la enferma en la cama, podría desbordar los límites jurídicos, y en cualquier caso, supera sobre todo los deberes éticos.

La comunicación e información pública

El conflicto que se da entre los derechos del artículo 20 de la Constitución y el derecho fundamental a la protección de datos personales no sólo se sustancia en términos de veracidad sino también de licitud y proporcionalidad en el tratamiento. El principio de la proporcionalidad es esencial cuándo se trata de datos especialmente protegidos.

Una noticia relativa a la salud deberá respetar la dignidad, el decoro y la vida privada del afectado, especialmente en enfermedades graves o terminales. Por lo que se exige un equilibrio en el tratamiento informativo, además de tener en cuenta que algunas enfermedades traen como consecuencia una estigmatización.

La fotografía

La captación de la imagen de Teresa en el interior de la habitación del hospital tiene dos consecuencias:

Por una parte, invade un espacio que debe quedar exento e inmune de cualquier invasión o agresión exterior, ya que tiene el mismo tratamiento que la inviolabilidad del domicilio, afecta a su privacidad y también, a la dignidad de la paciente.

La Ley de Autonomía del Paciente protege especialmente estos casos y atribuye al enfermo el control sobre sus datos, su historial clínico y su imagen en el ámbito sanitario. Se exige un especial cuidado cuando se trate de personas ingresadas en centros hospitalarios o en instituciones similares.

Por otro, la imagen fue reproducida en algunos medios digitales, algunos retiraron horas después y pidieron disculpas, otros volvieron a difundirla en ediciones dominicales en papel. La fotografía se realiza en un espacio de máxima intimidad. No aporta datos veraces, ni es de interés público.

El anuncio de su muerte

Ni veracidad, ni comprobación por fuentes. Algunos medios anunciaron la falsa muerte de Teresa. El Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de periodistas de España (FAPE), exige que en el tratamiento informativo de asuntos en que medien elementos de dolor o aflicción en las personas afectadas, evitará una intromisión gratuita y especulaciones.

La comparecencia del médico en las puertas del Hospital Carlos III afecta al secreto profesional

Para definir el criterio es conveniente acudir a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Sanidad que entre otros derechos garantiza al paciente el respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, y a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público.

La conversación entre médico y paciente puede tener una relevancia esencial en la investigación interna de cómo pudo producirse el contagio. Sin embargo, no parece estar justificado que el médico en la puerta del hospital Carlos III acompañado de Fernando Simón, ahora portavoz del Comité Especial de gestión del ébola, desvele ante todos los medios de comunicación el contenido de dicha conversación.

Teresa Romero, además, se encuentra con fiebre alta y en una situación de absoluta vulnerabilidad, contagiada por una enfermedad que ella conoce muy bien, y de la que conoce sus tremendos efectos. Esta conversación tiene dos dimensiones, por un lado la relación médico paciente y por otro la relación laboral.

Teresa pidió, al ingresar, la confidencialidad de su estado de salud

Victoria Trujillo, presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), valoró en una entrevista que concedió a Irispress.es que la conversación “debería haber estado protegida por el secreto profesional de confidencialidad y que nunca debería haber sido desvelada”. En su opinión: “es una clara violación del código deontológico e incluso punible”.

Información y declaraciones de los responsables político-sanitarios

Frente al tratamiento informativo de los responsables en Estados Unidos, que en ningún momento ‘criminalizaron’ a los sanitarios contagiados, y aunque se conoció la identidad de los pacientes contagiados por los medios de comunicación y su imagen por fotos de perfiles de las redes sociales, en todas sus comparecencias han mantenido el anonimato de las personas contagiadas aun teniendo una legislación más laxa en materia de protección de datos personales. Todavía está en investigación el origen del contagio.

Aquí, al contrario, parece que los responsables políticos y sanitarios no han guardado como se debiera la formalidad del anonimato, y desde el primer momento se ha querido centrar el contagio en una negligencia de la auxiliar de enfermería. Una imputación que afecta a su profesionalidad, a su honor y su reputación profesional.

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Rodríguez,  ciertamente acusó – y luego se disculpó-, en unas declaraciones recogidas por todos los medios de comunicación, a Teresa de mentir sobre la fiebre y de no alertar de su relación con el equipo de atención de los misioneros fallecidos por ébola. En distintas comparecencias públicas añadió: «No debería de estar tan mal, porque fue a la peluquería» «Para explicar a uno cómo quitarse o ponerse un traje no hace falta un master» «Unos tienen una mayor capacidad de aprendizaje que otros»

Según el Código Penal, es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

Es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.

La lesión al honor puede provenir de expresiones u opiniones degradantes, falsa atribución de hechos difamantes o deshonrosos en la consideración social. Es decir, cuándo se atribuyen unos hechos concretos que pueden ser delictivos o no, pero que tienen una carga negativa para la persona contra los que son proferidos. Los hechos atribuidos deben ser falsos o inveraces, y existir publicidad.

Según el Tribunal Constitucional, el derecho al honor confiere “derecho a no ser humillado, ni escarnecido ante uno mismo o ante los demás”. Comprende “la preservación de la buena reputación, que protege a la persona de expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena o que son tenidas en el concepto público o social como afrentosas” Y se valora que resulten “innecesarias por la relevancia pública del asunto, en ningún caso la libertad de expresión otorga derecho al insulto, ni a la vejación, más allá de su veracidad, si son ofensivas u oprobias y resulten impertinentes para expresar opiniones”.

La relación entre las continuadas declaraciones del consejero de Sanidad en distintos medios de comunicación y la tipificación legal del delito, junto con la jurisprudencia del Constitucional, podría resultar especialmente evidente.

González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería afirmó en su momento que no iban a permitir que se criminalizara a los profesionales: “El trabajo, la dedicación y la excelencia profesional con la que están trabajando los médicos, enfermeras y auxiliares que están dando asistencia a los pacientes contagiados de ébola merecen que las autoridades sanitarias hagan un ejercicio de responsabilidad, lealtad y precaución a la hora de difundir cualquier mensaje a los medios de comunicación

Todo parece indicar que a los responsables políticos y médicos ocupados en “echar balones fuera” se les olvido informar a Teresa y a su familia de la grave situación. Ella se enteró por “El País”.

Seguridad en el trabajo, delito contra los trabajadores: Falta de formación, de información, de material de protección adecuado.

La Asociación Madrileña de Enfermería, y los sindicatos han presentado denuncias ante la Fiscalía, los juzgados y la Inspección de trabajo, algunas previas al contagio de Teresa.

El Código Penal castiga a “los que con infracción de normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”. Y en su aplicación los tribunales han dictado que se “castiga no solo la omisión de medios materiales, sino también la infracción del deber de aplicación y de control en la ejecución y cumplimiento de las medidas de seguridad”.

La Ley de Prevención de Riesgos es clara: “La efectividad de medidas preventivas deberá prever distracciones o imprudencias no temerarias del trabajador

Para el Tribunal Supremo el principio de desconfianza obliga a que el responsable prevea el posible comportamiento descuidado del trabajador e incrementar en consecuencia, las medidas de seguridad y vigilancia. Para el Tribunal es equivalente no facilitar los medios a omitir un adecuado proceso de formación e información del trabajador.

No es suficiente la mera puesta a disposición del material adecuado y necesario para su salud. Además, se exige una previa labor de formación, en la que se le instruya al empleado de los riesgos y de la forma de evitarlos, y que se le haga cumplir la reglamentación establecida para cada caso.

Ni la formación era la adecuada, ni los medios suficientes, ni seguros, es la queja generalizada de los profesionales sanitarios en Madrid y en toda España. Meses antes los profesionales sanitarios de distintos hospitales venían denunciando la escasez de medios y formación que existía y existe ante emergencias como a la que ahora nos enfrentamos.

Teresa recibió una formación de media hora, su formación anterior consistió en un solo ensayo de puesta y retirada del traje. Para tener una idea del complejo procedimiento de uso adecuado del traje, el personal de la UME, Unidad Militar de Emergencia, recibe cursos de entre 200 y 300 horas.

El Protocolo, a todas luces no funcionó, – tanto es así que lo han cambiado – Teresa llamó al hospital Carlos III avisó de sus síntomas e informó de su relación con el ébola. No hubo alerta, pero ella tomó precauciones en casa para proteger a su marido.

El Protocolo tampoco funcionó con la última llamada, y es ella la que solicita una ambulancia que acude sin medidas de seguridad y la remiten al hospital de Alcorcón.

La teoría del cisne negro

Todo parece indicar, que el protocolo previsto y su falta de desarrollo y adecuación es producto de la teoría del cisne negro, acontecimientos, sucesos que pueden ocurrir pero son ignorados por sus bajas probabilidades. El ébola nos era ajeno geográfica y culturalmente. Tanto que no se midieron las consecuencias sanitarias y de seguridad para traer a pacientes infectados y no se han incorporado medidas de control ante llegadas de infectados.

Ahora, Teresa Romero y Javier Limón, tendrán la palabra.

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