Una madre sevillana con dos hijos y víctima de violencia de género ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla una reducción del precio de la vivienda de protección oficial (VPO) en la que reside y que es propiedad de la empresa municipal de la vivienda (Emvisesa) o el traslado a otra con renta más baja, ya que lleva “tres años” en situación de desempleo y pesa sobre ella una orden de desahucio al no poder hacer frente al pago del alquiler.