Huelva: Las denuncias interpuestas ante el Seprona por usurpación de caminos rurales “se pierden en el camino a los juzgados”

  • Los Pies en la Tierra advierte connivencias entre propietarios de tierras y administraciones judiciales y políticas que “miran hacia otro lado” ante la apropiación ilegal de caminos, riveras y terrenos de titularidad pública.
  • “Algunos espacios han desaparecido del catastro”, denuncia la asociación.
  • El 20 de mayo habrá una movilización ciudadana en la Finca de la Coronada  de Cortelazor.

Perico Echevarría. La Mar de Onuba

El tema de la usurpación de los caminos rurales en la provincia de Huelva, con especial incidencia en la zona de la Sierra es un problema muy serio, pues se trata de bienes públicos que pertenecen a todos los ciudadanos y hay propietarios de terrenos que están apropiando de ellos indebidamente, con total impunidad y sin que nadie haga nada para evitarlo.

Así lo ha denunciado este miércoles la asociación Los Pies en la Tierra, que lleva casi un año denunciando estos abusos y convocando marchas y manifestaciones (hay convocada una para el próximo 20 de mayo), lamentando que hasta ahora, se haya conseguido “más bien poco”. Si acaso, algunas reuniones con el delegado provincial y con el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y con el fiscal de medio ambiente de Huelva. “Reuniones, reuniones y reuniones que no parecen conducir a ninguna parte”, asegura Antonio Morano, portavoz de la asociación, quien espera que con las mociones defendidas por Izquierda Unida, la fuerza por la que es concejal en Castaño del Robledo, y el apoyo de la ciudadanía se pueda empezar a poner fin a lo que considera un abuso que nadie está impidiendo.

Morano denuncia que tras la ocupación de estos espacios se esconde el interés de algunos propietarios de montar cotos de caza y apropiarse de caminos públicos que son cortados para añadirlos ilegalmente a sus terrenos. “Una aberración”, dice Morano, “que se desarrolla con total impunidad mientras mucha de las denunciadas presentadas ente el Seprona desaparecen”. “Es muy fuerte decirlo, pero es así”, añade el portavoz de Los pies en la Tierra. Morano asegura que las denuncias “se pierden por el camino”,  lo que irrita profundamente a la asociación de defensa de los espacios rurales, ya que en la propia fiscalía, sostiene, les indican que la única forma de acabar con estas prácticas abusivas es presentar las denuncias. Lo cierto, dice Morano, es que “no sabemos dónde están las denuncias que ya hemos presentado. Tenemos certeza de que desde el Seprona se les ha dado salida, pero se han extraviado por el camino”.

Morano también se queja de que hay propietarios que “campan más que otros” porque sus denuncias “se pierden con más frecuencia”, lo que se traduce “en una total impunidad a la hora de apropiarse caminos y terrenos públicos”.

 

Caminos públicos “desaparecidos” de Catastro

 

El concejal de IU en Castaño del Robledo también ha expresado su alarma por la misteriosa desaparición de caminos rurales del catastro. “No se sabe cómo, aunque lo estamos investigando”, asegura Morano, pero han desaparecido de los archivos, algunos de ellos catalogados como de dominio público desde 1896 y, “de forma rara, han pasado a ser de propiedad privada sin que se sepa el porqué”.

Morano cifra en casi un millar los caminos rurales usurpados. Aunque Los pies en la Tierra sólo interviene en la Sierra de Huelva, reciben denuncias de casos similares de otras localidades, entre otras Trigueros, Gibraleón, Alosno, Villanueva de los Castillejos y otras muchas en las que suceden situaciones similares ante la pasividad de las autoridades competentes o, lo que consideran más preocupante, con resultado de sobreseimiento de las causas. Morano no entiende por qué motivos, tratándose la usurpación de tierras de un delito recogido en el artículo 242 del Código Penal, en rara ocasión las denuncias llegan a tratarse como tales en los juzgados.

 

 

Sin embargo, Morano relata casos en los que, al contrario, cuando un ciudadano ha cortado los candados puestos irregularmente por quienes han usurpado espacios públicos, sí han sido tratado como un delito penal, pero, lamenta el portavoz de Los pies en la Tierra, “la fiscalía mira para otro lado y hay ayuntamientos que no colaboran, y otros nos lo ponen muy difícil hasta para reunirnos con ellos y poder plantear nuestra denuncias”. Otros, dice, “hacen promesas, pero la verdad es que los caminos públicos siguen con candados”. Algunos municipios donde esto viene ocurriendo son, según Morano, Jabugo, Aracena, Castaño del Robledo, y otros pueblos de la sierra.

En Santa Eulalia, por citar un ejemplo, Morano asegura que  “un directivo del Banco de Santander compró unas tierras y cortó cuatro caminos públicos y una rivera con un cauce bastante amplio”. Algunos de los casos llevan denunciados más de ocho años. Otro caso en el de los vecinos de La Mina de la Concepción, que un día se levantaron y vieron cómo el camino para ir la romería de Santa Eulalia había desaparecido y en su lugar había una malla cinegética que impedía el libre paso.

Situaciones, que además,  suponen un serio peligro porque impiden, por ejemplo, el acceso de los coches de bomberos en caso de incendio.

 

Dinero negro en cacerías

 

Otro problema añadido es el “dinero negro” que se mueve con las cacerías que se organizan en los terrenos usurpados y añadidos ilegalmente a cotos “en los que no entras ni Dios”. Se han convertido en espacios infranqueables donde nadie puede acceder y donde la Ley no puede actuar “porque son peces muy gordos y nadie hace nada al respecto”.

Ni las denuncias, ni las marchas y movilizaciones ciudadanas parecen hacer mella en las autoridades responsables de la protección de estos espacios. El próximo 20 de mayo a las 10 de la mañana,  está convocada la décima manifestación en la Finca de La Coronada en Cortelazor, “cuyo dueño debe de ser una persona muy influyente”, ya que, como relata Morano, “tampoco le llegan las denuncias”. El concejal de Izquierda Unida pide a los partidos políticos que impliquen en esta dicha ciudadana por preservar la propiedad pública y el libre acceso de los ciudadanos a unos espacios que son de todos, y que, a día de hoy, son anexionados impunemente a terrenos y cotos privados ante la mirada complaciente de quien está obligado a evitarlo.

 

Huelva

Izquierda Unida reclama a la Diputación que intervenga para acabar con la usurpación de caminos rurales

 

 

Pedro Jiménez y Antonio Morano

 

Pedro Jiménez, Portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial, y Antonio Morano, Concejal de IU en la localidad serrana de Castaño del Robledo y activista de la  Asociación Los Pies en la Tierra, han anunciado una nueva iniciativa que va a defender el propio Pedro Jiménez en el próximo Pleno de la Diputación Provincial para acabar con la usurpación de caminos públicos, vías pecuarias y hasta cauces fluviales que permanecen en manos de propietarios privados, que impiden “lo que debería ser el libre acceso a estas vías públicas a cualquiera que quiera o necesite hacerlo, por parte de personas que roban impunemente caminos que atraviesan sus propiedades, ante la pasividad de las administraciones”.

Antonio Morano ha precisado que en toda la provincia de Huelva puede haber cerca de un millar de caminos rurales usurpados, aunque la lucha para liberar estas sendas públicas, lleva más de un año concentrándose en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con movilizaciones periódicas, convocadas por el colectivo Los Pies en la Tierra, que han llevado a miles de personas ya a reclamar la recuperación de estos caminos recorriéndolos, allí donde suceden estas usurpaciones. Morano alerta de que, según “las denuncias que nos llegan, la usurpación de caminos se extiende por toda la provincia de Huelva, aunque se da con especial virulencia en la Sierra, como ocurre, por ejemplo, en Jabugo donde todos sus caminos rurales, excepto dos, están cortados por los propietarios de las fincas que atraviesan”. Morano se queja de que “los caminos públicos están desapareciendo de los catastros y que cuando se denuncian, éstas no prosperan, incluso cuando se interpone alguna demanda porque algún propietario ha impedido a personas transitar por ellos, estas denuncias nunca llegan a instancias superiores y terminan perdiéndose”.

Para tratar de poner un remedio a esta situación, Izquierda Unida reclama a la Diputación Provincial que pida a todos los ayuntamientos de la provincia de Huelva que realicen un inventario de sus caminos rurales públicos, para proceder a recuperarlos, eliminando las barreras de todo tipo que los mantienen cortados. Para ello, “le pedimos también a la Diputación que colabore con los ayuntamientos, aportándoles los medios necesarios para realizar este trabajo, con la finalidad de que se sepa exactamente cuántos caminos públicos existen, para poder liberarlos y devolverlos a su legítimo uso público”, según ha explicado Pedro Jiménez. Izquierda Unida ya presentó una moción similar a ésta en la Diputación el año pasado y aunque resultó aprobada, “no se ha hecho casi nada para acabar con la usurpación de caminos y las movilizaciones para exigir su liberación continúan”. Así, el próximo 20 de mayo, Los Pies en la Tierra ha convocado la décima marcha senderista para ello que recorrerá un camino usurpado situado en el término municipal de Cortelazor.

El inventario de los caminos rurales públicos es una medida fundamental, “pues sólo los municipios de Zufre y Santa Ana la Real tienen inventariados los suyos, lo que no sucede en el resto de municipios, por lo que es seguro que hay cientos de kilómetros de caminos públicos usurpados, donde los propietarios de las fincas que los tienen cerrados llegan a construir hasta instalaciones fijas como almacenes o hasta edificios agropecuarios”, según denuncia Antonio Morano.

Esta iniciativa de Izquierda Unida también incluye también la exigencia a la Junta de Andalucía para que ayude a esta tarea y “se ocupe de la vías pecuarias, usurpadas también, de las que parece que a nadie le interesa que estén cortadas, aunque son competencia de la propia Junta de Andalucía”, apunta Morano.

La usurpación para su uso privado, de los caminos públicos, vías pecuarias y senderos, se produce impunemente cuando los propietarios de las fincas por donde pasan los cierran con vallas cinegéticas, con puertas cerradas con candados o con cualquier otro medio, negándoles el paso a todas las personas, incluidos los vehículos de extinción de incendios, lo que supone un riesgo evidente, ante el que “las administraciones tienen que actuar porque permiten que esos propietarios se hagan los dueños de unas vías que deberían ser de libre acceso para todas las personas que por cualquier motivo tienen derecho a usarlas libremente”, explica Antonio Morano.