La salud mental a la palestra/1

La reforma sanitaria basada en la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986 creó el Sistema Nacional de Salud (SNS) y se rige por los criterios de ser pública, universal y gratuita. El proyecto socialista, personalizado por el Ministro de Sanidad Prof. Ernest Lluch, consigue así una de las formulaciones más relevantes para un pilar en el desarrollo del Estado del Bienestar.

 

Por primera vez la LGS incluye la atención a la Salud Mental dentro de las prestaciones del SNS. En el CAPÍTULO III De la salud mental, se explicita: “Artículo veinte

Sobre la base de la plena integración de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general y de la total equiparación del enfermo mental a las demás personas que recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio, que reduzcan al máximo posible la necesidad de hospitalización.

  1. La atención a los problemas de salud mental de la población se realizará en el ámbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio, que reduzcan al máximo posible la necesidad de hospitalización.

Se considerarán de modo especial aquellos problemas referentes a la psiquiatría infantil y psicogeriatría.

  1. La hospitalización de los pacientes por procesos que así lo requieran se realizará en las unidades psiquiátricas de los hospitales generales.
  2. Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para una adecuada atención integral de los problemas del enfermo mental, buscando la necesaria coordinación con los servicios sociales.
  3. Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema sanitario general cubrirán, asimismo, en coordinación con los servicios sociales, los aspectos de prevención primaria y la atención a los problemas psicosociales que acompañan a la pérdida de salud en general”.

 

Este avance es muy relevante porque se ve complementado por el Documento Ministerial para la Reforma de la Asistencia Psiquiátrica y de Salud Mental, bajo los auspicios de Antonio Espino y la coordinación del Prof. José Guimón. Estas formulaciones supusieron un acicate fundamental para la asistencia psiquiátrica, para los pacientes mentales y para sus familias.

 

Unos diez años más tarde, el Ministerio de Sanidad Socialista del año 1995, en una crisis económica importante, redacta la Ley de Prestaciones Sanitarias del SNS y, por primera vez en la historia, además de las coberturas farmacológicas, se incluyen las psicoterapias individual, familiar y social. La trascendencia de este hecho es tremenda, si se hubiera desarrollado de forma adecuada y realista.

 

Como formulación, con matizaciones que algunos sostuvimos y aún hoy se pueden sostener, fue magnífica, pero… ahí está el problema, en el “pero”. Las diferentes comunidades autónomas lo priorizaban en puestos escasamente relevantes, la desigualdad entre comunidades fue la norma, además en una misma comunidad resultaba irregular, tanto en el desarrollo de servicios como de coberturas.

 

El desarrollo de servicios de Salud Mental (SM) pivota sobre la constitución de equipos, sobre el personal profesional y técnico, con profesionales de elevada cualificación y formación necesaria en varias áreas teórico-prácticas lo que hace que el conocimiento científico-técnico sea de gran complejidad y el desarrollo de políticas, servicios y dispositivos con calidad asistencial sea de enorme dificultad. Una cosa es la formulación legal y otra el compromiso presupuestario y el desarrollo de servicios asistenciales de forma planificada y con progresividad razonable y comprensible para la población y para los profesionales. Es fundamental comentar que la inversión fundamental en el campo de la SM son los salarios de los profesionales, lo que hace que sean gastos constantes y finalistas, por ello a casi ningún gestor le gusta este tipo de compromisos, es más fácil y mucho más vistoso un aparato.

 

Una mención muy particular responde a la formación de esos profesionales, tanto de los sanitarios en general como de los especialistas en SM. En la época de pregrado la formación era clásica y muy conservadora, utilizando la base de un sistema de clasificación de trastornos mentales de un solo país, es decir era una formación de listado sintomático y escasa trascendencia psicopatológica y clínica. Era la típica asignatura que había que saberla para aprobar.

 

La formación en la etapa para ser especialista, el periodo de MIR, era un tiempo para cumplir un programa de rotaciones preciso, la formación científico-técnica era muy variable de centro a centro y dependía mucho de las características de tutor de MIR. Básicamente se forman en la utilización del citado sistema de clasificación de los trastornos mentales de un único país, en ocasiones se les muestra el de la OMS (elaborado por y para 153 países), sobre todo es una formación dirigida a la edad adultas de los posibles pacientes y con una base biologicista predominante, donde la prescripción psicofarmacológica domina el panorama total y a cualquier edad. Otros tratamientos de tipo psicosocial (incluida la psicoterapia), son posibles, pero de forma complementaria. Si un MIR o un PIR quieren tener formación reglada para las psicoterapias deben hacerlo fuera del sistema público, a coste de los bolsillos de ellos mismos y es una formación larga y costosa, por estas razones son pocos los que emprenden esta senda.

 

La formación continuada, perentoriamente necesaria, no se realiza por el propio SNS, en la mayoría de los casos y de las áreas, en todo caso no responde a las prioridades formativas para las prestaciones del SNS. Así entre en juego la “labor educativa” de las empresas farmacéuticas, de los laboratorios. Estas empresas de la industria farmacéutica: seleccionan los temas de “impacto” según sus criterios comerciales; seleccionan a los profesionales que acuden, moldeables y en fases tempranas (MIR, solo MIR, de los primeros años de forma preferente, las MIR mayores se lo ganan) y eliminan a los que pueden ser “poco rentables”; seleccionan también los profesores de esas actividades, que tengan “prestigio” y sean “de los nuestros”, lo de la enseñanza y abordaje multifactorial queda en la formulación de esa única palabra; seleccionan los criterios para ser “de prestigio”, educan adecuadamente con becas, financiación de proyectos, participación en ensayos clínicos…

 

En general tanto en el pregrado como en el postgrado, incluso en algunos temas de la formación continuada se continúa siendo excesivamente corporativista y se integra de forma parcial y deficiente, salvo contadas excepciones, a profesionales de la titulación diferente a la que se pretende dirigir la formación. Parece que se sigue con los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, dicho en plano metafórico.

 

La investigación resulta escasa, sesgada y hasta predeterminada. En el FISS hay que estar en la “pomada”, los informes son tremendamente desiguales y con criterios discutibles. La que se realiza en marcos internacionales es una esperanza, pero muy limitada y las prioridades serán las del país que dirige el proyecto. Fundamentalmente la investigación es biologicista, ya queda dicho todo.

 

Este planteamiento general acerca de la atención a los trastornos mentales, precisa recordarse porque ha sido uno de los planteamientos relevantes por parte de los Gobiernos socialistas y que primero han sido desmontados por la acción de las políticas neoliberales y ultraconservadoras del pp, en ocasiones con comentarios poco afortunados cuando no francamente injuriosos o insultantes.

 

La tendencia de los trastornos mentales es hacia una evolución crónica y precisa de una atención continuada durante mucho tiempo y con consultas de duración adecuada. Por estas razones la práctica privada no las considera, generalmente, como pertinentes para sus apetencias. En ocasiones lo acepta, pero a medio plazo va limitando su compromiso y reduciendo sus prestaciones y sus servicios a meras consultas. Con lo que la gran responsabilidad asistencial recae en los servicios públicos.