El proyecto municipal en la España federal de 1873

El proyecto constitucional de 1873 de la Primera República Española supuso un
profundo cambio en relación con la legislación sobre los Ayuntamientos que
había creado el liberalismo español en su idea del Estado centralista con su
control de los poderes e instituciones territoriales. Ahora se planteaba, dentro
de la estructura de la República Federal, un poder de amplia autonomía y
plenamente democrático. Esta es la causa de la importancia de su estudio a
pesar de que la Constitución no entrase en vigor.
En el artículo 42 de la Constitución se establecía que la soberanía residía en
todos los ciudadanos y que se ejercía en representación suya por los organismos
de la República, cuyos miembros eran elegidos por sufragio universal. Los
organismos que constituían la República, de abajo a arriba, eran los siguientes:
municipios, estados regionales y estado federal o nación. Quedaba muy clara la
autonomía de los municipios, como del resto de organismos, porque cada uno
de ellos era el único competente en sus funciones respectivas, que la
Constitución detallaba en cada caso, y cada uno de estos organismos reconocía
como límites las competencias del organismo inmediatamente superior.
El título XIV trata exclusivamente de los municipios. Solamente la Constitución
de 1812 dedicó tanta atención a los municipios durante todo el siglo XIX.
Los municipios españoles tendrían plena autonomía administrativa, económica
y política, rompiendo los controles que sobre ellos ejercían otros poderes: el
regional y el central hasta ese momento, como queda patente en la legislación
liberal sobre ayuntamientos. Los alcaldes y ayuntamientos serían elegidos por
sufragio universal, encargándose del ejercicio del poder ejecutivo local. También
serían elegidos por sufragio universal los jueces encargados de las faltas, juicios
verbales y actos de conciliación. Los alcaldes y sus ayuntamientos tendrían que
dar cuenta de sus gastos. No podrían ser separados de sus cargos más que por
una sentencia de un tribunal competente, ni sustituidos sino lo eran en
elecciones por sufragio universal.
La Constitución establecía que los estados, es decir, los organismos de la
república inmediatamente superiores a los municipios, tenían que otorgarles las
siguientes competencias: la administración de la justicia civil y criminal que les
competiese, la policía, la limpieza, las cuestiones de infraestructuras referentes a
caminos vecinales, calles y veredas, la sanidad y los centros de beneficencia
locales. También tendrían exclusiva competencia en las haciendas locales:
rentas y medios de crédito para llevar a cabo la política municipal. Los estados
debían exigir a los municipios el sostenimiento de la enseñanza primaria y de
adultos. La escuela primaria debía ser gratuita y obligatoria. Fuera de este título,
ya que se encuentra en el dedicado a los españoles y sus derechos, existía un
artículo que definía otra función de las autoridades municipales, ya que eran

competentes a la hora de prohibir espectáculos que ofendiesen al decoro,
costumbres y decencia pública.
En caso de que se detectasen irregularidades en materia económica, como
podían ser repartos desiguales de la contribución o abuso en su cobro, existía la
posibilidad de emprender un recurso de alzada en las asambleas de los estados y
denunciarlo en los tribunales de distrito.