Doctores en derecho procesal penal

En las últimas semanas, si atendemos a las tertulias políticas o al santa sanctórum de Twitter, en particular, o las redes sociales, en general, los españoles nos hemos doctorado en derecho procesal penal, por la vía de urgencia o la ciencia infusa. Vemos a diario a legos en derecho tratando de opinar sobre procedimientos complejos según el color político del medio que les paga o del voto que meten en las urnas. Observamos con estupor cómo se cuestionan las decisiones procesales de jueces o juezas con treinta años de experiencia y acreditado mérito profesional porque no coinciden con lo que el opinante quiere que sea.

Este no es un fenómeno nuevo, de todos es sabido que dentro de cada español hay, por ejemplo, un seleccionador nacional de fútbol, un experto jurídico, un asesor financiero o un cocinero de postín. Somos así, tendentes a la “todología” o como se decía en mi tierra, a ser como “el maestro liendre, que de todo opina y de nada entiende”.

Sin ánimo ni pretensión de pergeñar un artículo sobre engorrosos términos jurídico-procesales que le hagan a ustedes abandonar la lectura al tercer ladrillo, si quisiera apuntar algunas cosas que me parece importante que conozca el lector, aunque solo sea para ganarle las discusiones a su cuñado en la cena de Nochebuena.

Lo que ha sucedido en la Audiencia Nacional, ante la jueza Lamela y lo que sucederá el jueves en el Tribunal Supremo, es una vista previa en la que no se juzga a nadie, ya que es primer paso de la instrucción, sino que su objeto es determinar que, una vez admitidas a trámite (aceptadas, en román paladino) las querellas del Fiscal porque en su acusación hay visos de verosimilitud, si en los investigados (antes imputados) concurren una serie de hechos para decretar la prisión provisional, con o sin fianza, a la espera de juicio. Estas causas están tasadas en la norma procesal y son: riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración del delito. Nada más y nada menos.

La jueza no puede decidir nada que no le haya pedido previamente el Fiscal, que es el que acusa, o la acusación particular, de haberla. Es decir que, si el Fiscal pide prisión provisional, la jueza puede o no acordarla, pero si no la pide, jamás podrá concederla. Es esa la razón por la que, para uno de los acusados, Vila, se aplicó fianza y para el resto no, porque así lo había pedido el Fiscal Maza atendiendo a que su dimisión por no estar de acuerdo con la Declaración Unilateral de Independencia hacía presumir que no habría reiteración en el delito.

La razón por la que, en el Tribunal Supremo, se han aplazado las comparecencias de los querellados que aún ostentan aforamiento por pertenecer a la Diputación Permanente del Parlament de Cataluña, (de ahí que no hayan ido a la Audiencia Nacional como el resto sino al tribunal especial que es el Supremo) es muy técnica y puede parecer contradictoria con lo sucedido en la Audiencia Nacional, pero cabe recordar aquí que el derecho solo es tal si se ejercita en tiempo y forma. En el Supremo, uno de los abogados introdujo el aplazamiento de las comparecencias como una cuestión previa, apelando al derecho de defensa, que es un derecho fundamental recogido en la Constitución y su posible vulneración por la falta de tiempo para la preparación de la defensa.

En cambio, en la Audiencia, se produjo la vista, los querellados se negaron a declarar ante la jueza y solo respondieron a las preguntas de sus abogados y después entraron los escritos solicitando el aplazamiento. Y aquí es donde recuerdo lo importante que es tener un buen letrado y una buena estrategia de defensa porque la jueza entendió que el momento procesal de aplazar la comparecencia ya había pasado. Ahora los acusados tendrán la oportunidad de presentar recursos, que serán vistos por la Sala Penal de la propia Audiencia Nacional, en un tribunal colegiado en el que estarán cinco jueces, como ha sucedido en el caso de los Jordis cuya prisión preventiva sin fianza ha sido ratificada por cuatro de esos cinco jueces, dándole la razón a Lamela.

El jueves, cuando los ex miembros del Govern y de la Mesa que pertenecen la Diputación Permanente del Parlament, comparezcan, se volverá a valorar lo pedido por el Fiscal en su querella, la prisión provisional sin fianza por el riesgo de reiteración en los delitos de los que se les acusan, algo que no puede sorprender a unos acusados que no dudan en presumir de la comisión de esos delitos cada vez que tienen oportunidad. De lo que decida el Supremo solo podremos hablar después de conocerlo, que no queremos ser acusados, además de “todólogos” de “futurólogos”.

Por último, y quizás lo más estrambótico de estos días, sea el caso de Puigdemont y los cuatro ex consellers fugados con él. La jueza Lamela, ha dictado prisión provisional comunicada sin fianza (como para el resto de sus compañeros de delito, salvo Vila) y los ha declarado en busca y captura, instando para ello una orden de detención internacional contra ellos por no haber acudido a su cita en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Belga ha anunciado su detención. Me paro un segundo a poner de manifiesto mi estupor por el funcionamiento del sistema judicial belga, en el que se le avisa al presunto delincuente de su pronta detención, por si quiere huir, destruir alguna prueba o cometer algún delito más en sus últimas horas en libertad. Una vez detenidos, serán puestos a disposición judicial y allí, un juez, no sabemos aún cual, les tomará declaración y vista la petición de la jueza española, acordará si hay razones para la entrega o no. Teniendo en cuenta las tensiones nacionalistas entre flamencos y valones que existen y la inestabilidad del gobierno belga sustentado por los “independentistas flamencos”, me atrevo a aventurar semanas, si no, meses, de retraso en la puesta a disposición de la justicia española de Puigdemont y sus compinches.