Los miembros del Govern declaran en la Audiencia Nacional

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, al que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, y otros 12 consejeros del Govern para tomarles declaración en el marco de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra todos ellos por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. En el marco de estas mismas actuaciones, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha llamado a declarar, los mismos días, a la presidenta del Parlament catalán Carme Forcadell y a los otros cinco ex miembros de la Mesa de la Cámara.

Ambos tribunales han admitido las dos querellas presentadas este lunes por el departamento que dirige José Manuel Maza. Los investigados en la Audiencia Nacional están citados a partir de las 09.00 horas; media hora más tarde los querellados –que tienen la condición de aforados por ser miembros de la Diputación Permanente de este órgano,– ante el alto tribunal.

La querella se presenta contra un total de 20 personas por hechos que engloban todo el denominado ‘procés’ que concluyó el pasado 27 de octubre con la declaración unilateral de independencia (DUI). En la Audiencia Nacional deberán comparecer, además de Puigdemont y Junqueras, el ex consejero de Presidencia Jordi Turul; el ex consejero de Asuntos Internacionales Raül Romeva; el ex consejero de Salud Antoni Comín; el ex consejero de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull; la ex consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa i Coll, la ex consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda Meritxell Borràs; la ex consejera de Enseñanza desde mayo de 2016 Clara Ponsatí; el ex consejero de Interior desde julio de 2017 Joaquim Forn; el ex consejero de Cultura desde julio de 2017 Lluís Puig; el ex consejero de Justicia desde enero de 2016 Carles Mundó; el ex consejero de Cultura y desde julio de 2017 de Empresa y Conocimiento Santiago Vila; y la ex consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret.

 

Puigdemont no irá a declarar

 

Sin embargo, ni Puigdemont ni los consellers que están con él en Bruselas no tienen previsto ir a declarar a la Audiencia Nacional al considerar que es un juicio político “efectuado al dictado del Gobierno del Estado español”, según se argumenta en un comunicado difundido por el Govern. No obstante, una parte de los consellers comparecerán ante la jueza Carmen Lamela “como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas”.

El resto de miembros del Gobierno catalán cesado permanecerá en Bruselas para hacer llegar su queja a las instituciones europeas. En el comunicado, afirman que no pretenden en ningún caso” eludir la justicia, y señala que responderán a las citaciones –que recuerda que han recibido en un breve plazo– según los mecanismos previstos por la Unión Europea.

Mientras tanto, en el Supremo declararán la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí Lluís Maria Corominas, los también miembros de la Mesa y diputados del mismo partido Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet –todos ellos miembros de la Diputación Permanente de este órgano, y por ello aforados– y contra el secretario tercero de la misma Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot.

 

Estrategia “perfectamente organizada”

 

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se ha declarado competente para investigar a Puigdemont y su equipo de gobierno y destaca que su auto que, conforme al relato expuesto por la Fiscalía en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado.

Destaca, además, que los querellados “urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium Cultural –cuyos presidentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, se encuentran en prisión por un presunto delito de sedición– que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre”.

Asimismo, la juez Lamela ha incorporado esta querella a la causa en la que ya se investiga a los líderes de ANC y Òmnium, al exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana por el delito de sedición por los acontecimientos que tuvieron lugar en Barcelona el pasado 20 y 21 de septiembre.

 

Se encuadra en el proceso secesionista

 

La instructora explica en su auto que los hechos investigados “se encuadran dentro de todo el proceso secesionista y que las personas investigadas en los mismos formaban parte de las estructuras básicas integradas en esa estrategia diseñada y ejecutada por los ahora querellados”.

Según la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, el fiscal expone en su querella de manera “seria, racional y lógica los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación”.

Por su parte, el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que fue portavoz de la asociación mayoritaria en la Carrera, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cita a Forcadell y los exmiembros de la Mesa de la Cámara por participar en la declaración unilateral de independencia.

El magistrado ha tomado la decisión de citarles a declarar tan sólo una hora después de que la querella hubiese sido admitida. El auto de la Sala de admisiones del alto tribunal apunta que será Llarena en el desarrollo de su investigación el que ponga de manifiesto la procedencia o improcedencia de reclamar para el Supremo, como sugiere el fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros órganos jurisdiccionales, “pero que presenten una naturaleza inescindible respecto de los que aquí van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados”.

 

La instrucción determinará si es conspiración

 

Sobre los delitos denunciados en la querella, el fiscal alude a la existencia de un delito de rebelión con una extensa argumentación encaminada a justificar la concurrencia de violencia. Para el alto tribunal, será a lo largo de la instrucción cuando los hechos imputados confirmen o desmientan su realidad.

“Será entonces cuando pueda precisarse si esos actos son susceptibles de integrar las exigencias del tipo previsto en el artículo 472 del Código Penal o, por el contrario, han de ser subsumidos en los artículos 477 y 17.1 del Código Penal, que castigan la conspiración para la rebelión, delito en el que, por definición, los elementos del tipo proyectado no llegan a tener realidad al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria”.

La Fiscalía atribuye a todos los querellados el delito de rebelión al entender que los “cimientos del Estado de Derecho han sido dinamitados” con sus actos, “realizados con absoluto desprecio” a la Constitución y proclamando la independencia de una parte de la Nación española, que es “patria común e indivisible de todos los Españoles”.

Añade en su querella que la violencia que requiere el tipo penal de rebelión –el mismo por el que fueron condenados los responsables del 23-F– “no exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas”.