La independencia convertirá a Catalunya en un país pobre

Desde primeros de julio las inversiones empresariales se han congelado en Catalunya todo el marasmo de la actuación de las autoridades de la Generalitat están, literalmente, arruinando la región otrora próspera y pujante.

La situación se está agravando tras los informes del Bank of América Merrill Lynch, ING, Moody’s, JP Morgan o Golman Sachs en los que advierten que ante la posibilidad remota de declarar la independencia catalana todas las inversiones en la región se “desaconsejan” y deben esperar.

Todos los economistas sabemos que el dinero busca la estabilidad y la norma que rige el referéndum, y la ley de transitoriedad, suspendidas por el Tribunal Constitucional, han alarmado demasiado a la inversión extranjera. Los datos del primer semestre han sido fabulosos pero se han parado en seco.

Los grandes bancos internacionales se están protegiendo ante el riesgo que para sus inversiones supone la secesión de Catalunya. Desde hace meses, vienen adoptando precauciones especiales en las operaciones que cierran con empresas catalanas. Entre otras cosas, imponen como condición que la devolución de los créditos se realice en euros aunque se declare la independencia.

Pone como condición que la devolución de los créditos se realice en euros para protegerse, ya que la secesión provocará la salida de la divisa europea y una devaluación de la moneda catalana y no descartan ahora que Cataluña pueda quedar fuera del euro, como lógica consecuencia de una eventual declaración de independencia en el medio y aun corto plazo

La agencia Fitch advertía en su último informe que la “creciente inestabilidad política, y una posible crisis constitucional derivada de la ruptura de relaciones entre el Gobierno Central y el catalán, debilitará a las dos eventuales naciones futuras”, y la nación catalana no sería solvente en los mercados financieros. La prima de riesgo catalana se iría a los 600/700 puntos básicos por sus problemas presupuestarios lo que haría inviable su financiación. Lógicamente España no pagaría ni un euro en prestaciones sociales ni en pensiones a los presuntos ciudadanos que pisotean la Constitución.

La situación es tan grave que compañías automovilísticas internacionales están incluyendo cláusulas en los contratos para hacer frente a un escenario de secesión, destaca la inclusión de una cláusula en la concesión de préstamos a empresas con sede en Catalunya. En caso de independencia, las firmas de inversión se intentan proteger frente a una inevitable y elevada devaluación de una nueva ‘moneda nacional’ en Cataluña, que afectaría a los pagos pendientes en ese momento.

Pone como condición que la devolución de los créditos se realice en euros para protegerse, ya que la secesión provocará la salida de la divisa europea y una devaluación de la moneda catalana y aseguran que Cataluña quedará fuera del euro, como lógica consecuencia de una eventual declaración de independencia en el medio y aun corto plazo.

El traslado de sedes empresariales a Sevilla, a Valencia o a Madrid previsto para el día después puede afectar a más empresas de las que sabemos y desde el Banco Sabadell nos anuncian soterradamente que los planes de contingencia empresariales ante el desafío independestista son más de los que conocemos.

Este escenario recuerda para algunos bancos de inversión la situación de incertidumbre vivida en el verano de 2012, cuando España con el rescate, algunas entidades financieras, como BNP Paribas, aplicaron medidas de salvaguardia con el fin de reducir riesgos en la economía española en caso de una salida del euro. En Deutsche Bank también reconocieron que la medida se había debatido internamente, aunque no llegaron a introducir este requisito explícitamente en los contratos.

Es evidente que Catalunya está en retroceso económico frente a otras zonas de España debido al radicalismo de sus políticos y también es evidente que el dinero no perdona.