Brindis al sol de Sánchez e Iceta

Las reformas legislativas que Pedro Sánchez y Miquel Iceta han puesto sobre la exigente mesa de los partidos catalanes que amenazan el actual marco constitucional, requieren una modificación de la Carta Magna imposible de abordar en esta XII Legislatura, en la que -conviene recordar, una vez más- el Partido Popular cuenta con una sólida mayoría absoluta en el Senado, cámara imprescindible para cualquier reforma.

Incluso si con sus promesas, el secretario general del PSOE lograra el apoyo que no atrevió a proponer a la militancia socialista el verano pasado y sacará adelante una Moción de Censura que le sentara en La Moncloa, mantenerse exigiría pronunciamientos de futuro que afectan a la propia razón de ser del PSOE. Para poder cumplirlas, Pedro Sánchez debería disolver Las Cortes y, superado el debate interno, lograr de los españoles una mayoría de Gobierno para un PSOE cuyo programa electoral incluiría satisfacer los deseos nacionales de aquellos que no forman, ni han formado nunca, su sustento electoral. Una mayoría que en el relato político del renacido Sánchez se entiende necesariamente compartida con Podemos y los soberanistas, pues del discurso emanado del 39 Congreso, la actual dirección socialista parece haber dado por perdida la capacidad del PSOE para obtener del voto de los españoles la confianza para formar Gobierno en solitario.

La ambición de ocupar La Moncloa supera a la de dotar al país de una estructura legislativa que rescate, blinde y aumente derechos y libertades. La iniciativa de Sánchez e Iceta condiciona el secular objetivo del PSOE a que las ambiciones de sólo una parte de la sociedad catalana se conviertan en realidad. Romper con décadas de compromiso y solidaridad entre Comunidades Autónomas y cohesión interterritorial, y con la prioridad de los socialistas de buscar el bienestar de los españoles. De todos los españoles, residan en donde residan.

Avanzar hacia la “plurinacionalidad” del Estado como propuesta en 140 caracteres bordados en la era de la posverdad, está bien para crear un personaje y ganar primarias, pero, en tanto se establezca el ‘decreto tweet’, modificar la Constitución sigue siendo algo que implica a mucha más gente que a la que necesitas agradar para ser investido Presidente.

Aún en el muy peregrino caso de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias -que ya presume sin disimulo alguno de podemizar el PSOE- lograran hacer del espacio que creen disputarse una mayoría más fuerte de la que, al otro lado, conformen PP (con sus propias confluencias UPN y Foro Asturias), Ciudadanos y Coalición Canaria, modificar la Constitución seguirá requiriendo una mayoría cualificada de tres quintos del Congreso de los Diputados (210 votos a favor). Es decir, el resultado electoral que hiciera posible que el PSOE cumpliera sus compromisos con los secesionistas catalanes tendría que relegar a la derecha a compartir 140 o menos escaños en la Cámara Baja (recordemos que el PP tiene hoy, en horas bajas, 137 diputados). Cualquier decisión de los españoles que no diera ese reparto en el poder legislativo haría imposible cumplir con los sueños más básicos de los independentistas catalanes que alteren el articulado de la Constitución.

No es necesaria una ducha de realidad para poder concluir que los españoles no estarán por aupar a La Moncloa a quien someta sus necesidades y ambiciones a un permanente y chantajista quid pro quo, en el que los derechos, libertades y prestaciones públicas de más de 40 millones de ciudadanos dependan de cesiones a los -aún- escasos 3 millones que dicen soñar sólo en catalán.

Es posible que algún día la realidad del ímpetu secesionista suponga una mayoría que nos obligue a todos a reflexionar. Lo cierto es que ese día no ha llegado y el PSOE no debe ser, por tanto, el abanderado de la pulsión soberanista.