Sobre el informe del Yak-42

Sobre el informe del Consejo de Estado sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en relación con el accidente del YAK-42..

Estas son unas reflexiones después de haber tenido  la paciencia de leer, un poco en diagonal, el informe del Consejo de Estado (CdE). Muchas páginas: 82. Es simplemente tremendo y preocupante, tratándose además de provenir de esa institución consultiva del Gobierno, que es más moderada, en el fondo y en la forma, que un convento de ursulina jubiladas. La lectura de los ponentes citados en la primera página ya orienta lo que pueden y no, suscribir con su firma final.

Pero sorprende mucho que un informe que empieza a mirarse en 2014 una vez concluidos todos los procesos civiles y penales que han tenido lugar a lo largo de estos trece años, haya tardado en concluirse casi 2 años más, con muchas idas y venidas. En estos trece años se han producido muchas actuaciones, incluyendo actuaciones fallidas de arbitraje internacional; sentencias con sus correspondientes recursos, de las que destaca en el ámbito penal la relacionada con las graves irregularidades en los documentos de identificación de una parte de los cadáveres, con “autopsias” a ojo por un general médico cumplidor y dos comandantes ayudantes estupefactos. También las correspondientes al ámbito civil.

Sobre las sentencias que recayeron en el general médico y los comandantes médicos ordenados para traer los restos a toda costa y con rapidez para hacer aquel patético funeral presidido por el patético Borbón de uniforme y que no se metiera el asunto de lleno en el periodo de elecciones municipales, poco que decir, aunque habría mucho. Lo dijo Aznar. Que se deje a los muertos en paz. El general fue condenado a 3 años. Fue el que ordenó, incluso, meter restos de tres militares en la misma bolsa. Sólo logró identificar con certeza a 30 de los 62 muertos. Se le oyó decir enfática y categóricamente que se habían utilizado los métodos forenses más modernos y precisos. Sus obedientes subalternos, condenados a menos de 2 años. Ninguno de ellos era forense y los tiene esplendidos este país. Se han formado muchos, lamentablemente, en la identificación de víctimas del terrorismo y en muy graves accidentes aéreos.  Menos mal que los forenses turcos recogieron muestras de ADN que luego sirvieron para poner, más o  menos, a cada muerto en su sitio, de cara a los humillados, indignados y estupefactos familiares. El proceso tuvo por medio un montón de exhumaciones, intercambio de restos y cenizas, excepto de aquellos románticos que las habían esparcido con dolor y esperanza en lugares de recuerdo.  Por el daño moral causado, el juez dijo que se indemnizara  a los herederos de cada uno de los fallecidos, 10.000€. Y ahí quedó.  Parece que el daño moral en este país y en aquellos momentos era barato. Tanto como el esfuerzo del PP en los presupuestos para el otro gran daño moral de las víctimas del franquismo. De ello está orgulloso Rajoy. El general murió pronto y ni siquiera cumplió la condena. Los subalternos tampoco, porque fueron simplemente, INDULTADOS una vez que de nuevo el PP recuperó el gobierno en 2012. Del pago de estas indemnizaciones parece que debió hacerse cargo el ministerio de Defensa, aunque no lo aclara suficientemente el CdE, que si confirma que las cantidades fueron recibidas por las familias.

No hubo más condenas penales

No hubo más condenas penales. Todo se archivó. No hubo responsabilidades penales por tanto.. El juez Grande Marlasca. principal responsable en  la Audiencia Nacional del asunto, fue ascendido, se supone, que exclusivamente por sus méritos profesionales.

Lo civil fue más laborioso y se consiguieron por los familiares –más de 250 involucrados- y que detalla el informe con nombres y apellidos y grados de parentesco, distintas indemnizaciones. Se pueden valorar las asignaciones en algo aproximado a 70.000 € de media por fallecido, repartido según grados de parentesco.

Lo brutal es que el acuerdo con la agencia de la OTAN, que a su vez, es la que se encarga de todo lo demás, incluía responsabilidades por parte de España  relacionadas con el seguimiento de las actuaciones. Incluso había un responsable de enlace. Se especificaba con claridad que debía obviarse la contratación con países de la ex URSS y se citaban los tipos de aviones entre los que se podía elegir. Curioso también que al concurso se invitó a 16 compañía aéreas, entre ellas las más importantes, que ni siquiera se presentaron. Todo se redujo a compañías menores y de los países del Este en su mayoría. Parece que los riesgos superaban los posibles beneficios. No estaba el YAK entre los aviones descritos en la oferta del concurso y por supuesto, Ucrania era un país de la antigua URSS. Y todo esto lo tendrían que haber aceptado los responsables españoles en este y otros casos y no se hizo. El contencioso entre la agencia OTAN y la compañía que se encargó del transporte aún sigue. Pero en España y en el ministerio de Defensa si se sabía que el avión que iba a hacer el viaje era ese y muy concretamente, y así consta en el informe y nada se alegó.

Más cosas. Había la obligación de suscribir un  seguro por cada pasajero de 75.000 $. por la compañía responsable del transporte No se suscribió. El ministerio de Defensa se hizo cargo con celeridad de adelantar el dinero a los familiares de las víctimas y todavía anda sin cobrarlo y reclamándolo por ahí. No parece fácil  que lo cobre nunca y deberían ser los de la OTAN los que se hicieran cargo, al margen de las otras empresas responsables y sus pleitos. Al menos, si lo cobraron las familias, pero con el dinero de los contribuyentes españoles.

Algo de lo más detestable del asunto, aunque no es fácil  ordenar tantos errores en este caso. Lo que se concretó que había que pagar por el dramático viaje eran aproximadamente 150.000 €. Así se firmó con los de la OTAN. Estos  buscaron al transportista que, a su vez, subcontrató cuatro veces con otras empresas internacionales, empezando por una irlandesa que siempre está en todos los líos económicos habidos y por haber.  Así se llega a lo que  recibieron  los verdaderos agentes finales, estos ucranios que utilizaron un avión obsoleto –el YAK- y buscaron para pilotarlo a una irresponsable tripulación que no tenía la mínima formación. Eran 12. Ninguno sobrevivió tampoco. Todo por menos de 40.000 €. Un buen ejercicio sería, y seguro que se puede saber,  quién o quieren se quedaron desde sus cómodos despachos ayudados simplemente por un móvil, correos electrónicos  e influencias, con los 110.000 restantes. Las empresas subcontratistas son enumeradas e identificadas por el informe. ¡Malditas comisiones! ¡Maldita codicia! Todos son como Bárcenas y compañía.

La tripulación llevaba viajando desde Afganistán más de 22 horas. Estaban agotados y ello agravado por una espera anterior de 5 horas. No conocían el aeropuerto turco, no sabían nada de los nuevos sistemas de comunicaciones. Fallaron en la primera aproximación y elevados de nuevo, se armaron tal lio que  se fueron a la prohibida parte sur del aeropuerto pensando que estaban sobre el mar y estaban en unas montañas donde se estallaron entre una locura de desconcierto. Avisados por el propio sistema de seguridad del aparato de que se acercaban a tierra no supieron ni siquiera  elevar el aparto para, al menos, intentar aterrizar de nuevo. La caja negra llevaba 45 días estropeada. Un perito afirmó que el vuelo era simplemente “ilegal” por no cumplir normas básicas. Se recoge todo ello también en el informe.

Un Teniente Coronel del servicio de información militar que anduvo husmeando por allí, al tener conocimiento de quejas sobre los riegos en los transportes de las tropas, escribió que ese riego era alto, que no se debía volar con esos aparatos y que la seguridad dejaba mucho que desear. La respuesta del General correspondiente en Madrid,  es que no se hizo caso de este  informe reservado porque el que lo escribió no era experto en seguridad área. Y se quedó tan tranquilo. Todo se dice en el informe con nombre y apellidos. Su parsimonia permite también aventurar que, a lo mejor, era uno de los comisionistas.

El gobierno aprobó al año siguiente un RDL 8/2004 para incrementar las posibles indemnizaciones a los integrantes de esas misiones en caso de accidente y le dio carácter retroactivo para acoger a estas víctimas. De ahí las familias recibieron 140.000€ por fallecido.

Además, como todos eran empleados públicos se les reconocieron pensiones extraordinarias -200% de la que les correspondiera- del sistema de clases pasivas del Estado. Que perciben  las viudas e hijos y, en algunos casos, padres. Todo del dinero solidario  de los españoles.

Se hace también referencia a una aportación económica derivada de una medalla concedida por la Comunicad Autónoma de Madrid a las víctimas, que se cifra en 30.000 €.

El CdE concluye que hay una rotundamente clara responsabilidad patrimonial del Estado en unos párrafos muy  elaborados y bien fundados. También concluye que las cantidades, que por uno u otro conducto, se han ido aportando a las familias, consideran que cubre la parte económica de esa responsabilidad. Esto era  una de las cuestiones a dilucidar por  parte de las familias. El montante económico de todo lo concernido se valora en el informe en 65 M€.

Como los informes del CdE no son vinculantes, la decisión final sobre el mismo y todo su contenido, corresponde tomarla a quien lo ha pedido: el Ministro de Defensa. En este caso Cospedal como sustituta del  ministro Morenés.

Pero hay algo más que no valora, ni tiene por qué, el CdE

Cabe preguntarse. ¿Si el CdE está con el asunto dos años, pidiendo papeles a unos y otros, que tardan y retardan la decisión final; que elabora un detallado y riguroso  informe con serios fundamentos jurídicos y morales incluso; que concluye con firmeza y unanimidad que ha existido una  responsabilidad del Estado y ello tiene fecha de 20 de octubre de 2016, que ha pasado desde entonces?

Unos pocos días después, Mariano Rajoy se presentó a la investidura como Presidente del gobierno. La sacó adelante en segunda votación con la abstención del PSOE. Este informe ya debería necesariamente conocerlo el anterior ministro de Defensa. Más preguntas. Si no lo conocía es porque el CdE lo había retenido. Todo esto es necesario que  se aclare. Es importante. .

Si se retuvo, que expliquen las razones los severos y rigurosos Consejeros del CdE. Están, entre otros, Landelino Lavilla, Teresa Fdez de la Vega, Herrero de Miñón, ex ministro Ledesma y presididos, por el también ex ministro, Romay Beccaría.

Si se remitió, como es lo normal, al ministro Morenés y este no dijo nada, también se precisa una explicación. Si lo comunicó al Presidente del Gobierno, mucho más.

¿Habría influido en la opinión pública y en los partidos políticos y, por tanto,  en el debate de  investidura, esta rigurosa y descarnada información que supera cualquier caso de corrupción de tantos como se han conocido? ¿Habría afectado, de alguna manera, a la posición abstencionista del PSOE?

Cualquiera de las cosas que pasaron desde el 20 de octubre tiene y debe ser aclarada aunque ya no puede el tiempo volverse a atrás.Pero si hay otras actuaciones más recientes que pueden ayudar a poner a cada cual en su actual sitio.

¿Ha sido la ministra Cospedal, Secretaria General del PP,  la que  ha hecho público el informe del CdE o ha sido otro alguien el que lo ha hecho llegar a ‘El País’ y este lo ha publicado?

¿Puede haber influido y, cuánto, este asunto en el nombramiento como ministra de defensa de Cospedal dadas sus relaciones estrechas con Trillo, por la Gürtel y demás correrías que este ejemplar del Opus Dei  ha trajinado?

El número de preguntas puede ser largo y muy importante y decisivo. Pero nunca tanto como el tremendo cúmulo de disparates que él informe detalla y que condujeron a un drama irreversible a 62 militares españoles y a sus familias.

¿Cuándo conoció Rajoy la existencia del informe?

Hay una última y necesaria pregunta. ¿Cuándo conoció Rajoy la existencia del informe? Lo más probable es que medio minuto después de que lo conociera el ministro de Defensa, y eso ¿fue anterior a la investidura, o unos días después? ¿Cómo puede decir al día siguiente de ser público el informe,  que no sabía que existiera? Y contestara que “eso” estaba sustanciado por los tribunales hacía ya mucho tiempo. Pudiera ser, muy improbable, que no se lo hubieran comunicado, ni antes, ni después. Y eso sería, aún, peor.

Este asunto daría para mucho más, y así es de esperar que ocurra. La salida inicial del PP, la esperada. Ya lo ha dicho Rajoy y su joven portavoz de comunicación. Si Trillo deja la embajada será porque toca. Vence el plazo y será acompañado de una remodelación en más profundidad de los responsables de otras embajadas. Alguno será removido sin que le toque para arropar a este gran embustero.

Todo este asunto añade un síntoma  más a la grave enfermedad que tiene nuestra democracia, nuestra convivencia y nuestra clase política, y por agregación a nuestra sociedad y nuestro país. Poco  vale hablar de transparencia, si luego nos encontramos con estas cosas. Mentiras y mentiras. Ocultaciones y manejos.

Ante tamaña desmesura poco importa que cesen o no a Trillo; que dimita o no dimita; que se vaya acompañado, porque toca; que se arrepienta o no; que culpara de la Gürtel a Rubalcaba; que encizañara al TC cuando el recurso del Estatuto de Cataluña; que intentara arreglar lo de Camps y tantas fechorías más, bien agradecidas, incluso en público y en Valencia, por el propio Rajoy, El daño es mayor y Trillo, es mucho más pequeño. Incluso si le siguen defendiendo desde el PP y el gobierno y le nombraran embajador en Washington, poco importaría. Lo que sí sería didáctico, es que comparecieran en el Parlamento, Trillo, Cospedal, Morenés, el ministro de Exteriores, el entrante y el saliente y alguno de los citados en el informe del CdE y que intervinieron avisando de lo que podía pasar y, también, de los que ocultaron lo que estos dijeron. Y que en vez de gran hermano o Sálvame, se televisaran las comparecencias en directo y escucháramos sus mentiras, sus lamentos o sus eufemismos e hipocresías.

Supongo que nada de eso pasará y se cambiarán cromos los portavoces parlamentarios del PP y del PSOE como han hecho con el salario mínimo y otras vergüenzas, porque queda mucho por delante que transaccionar.