El accidente del YAK-42 ya tiene responsable

El PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana han exigido este martes el cese fulminante del embajador de España en Londres, Federico Trillo, después de que el Consejo de Estado haya determinado la responsabilidad del Ministerio de Defensa, que él dirigía entonces, en el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles en 2003, y han pedido la comparecencia de la actual titular de esa cartera, María Dolores de Cospedal, en el Congreso.

Los familiares piden el cese de Trillo por el YAK-42

Tras casi 14 años del accidente más grave que han sufrido las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz, los familiares han recibido compensaciones económicas por parte de la contratista alemana del aparato, Chapman Freeborn –6,2 millones de euros–; y de los tres militares condenados por los errores en las identificaciones –10.000 euros para cada familia afectada–.

Los familiares de los 62 militares españoles que perdieron la vida en el accidente del avión Yakolev 42 el 26 de mayo de 2003 han reclamado al Gobierno que pida perdón y que el exministro de Defensa Federico Trillo sea cesado de su cargo de embajador en Reino Unido después de que el Consejo de Estado haya emitido un informe en el que dice que el ministerio tuvo indicios del riesgo y no se actuó.

“Que pidan perdón y se cese a Trillo en la Embajada en Londres y los responsables que siguen en activo. Y que investiguen más”, ha dicho a Europa Press el presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak 42, Miguel Sencianes.

Por ello, la asociación ha enviado un burofax a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para que les reciba y pueda “escuchar a las familias”, pero también para que les comunique cuál va a ser su posición tras el informe del Consejo de Estado.

El informe supone “algo de esperanza” para las familias de los militares del YAK-42

Para las familias de las víctimas del Yak 42, este dictamen del órgano consultivo del Gobierno supone un “bálsamo de luz” y “algo de esperanza” después de “casi 14 años de lucha buscando verdad y justicia”.

“Hubo negligencia. La contratación del avión fue ilegal”, ha afirmado Sencianes, quien ha insistido en que el Consejo de Estado ha confirmado lo que las familias de los militares fallecidos llevan diciendo más de una década. “No queremos dinero, queremos que se haga justicia. Alguien tiene que asumir las responsabilidades políticas”, ha manifestado.

La Audiencia Nacional archivó la causa de la contratación del avión en el año 2012 y de los tres condenados por el fallo en las identificaciones de las víctimas, ninguno queda ya en prisión. El general de Sanidad Vicente Navarro falleció en 2010 y los entonces capitantes médicos José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez fueron indultados pocos meses después de la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. Ahora son comandantes.