Obra civil en el exterior. Los platos rotos que paga el Estado

Segundo Canal de Panamá, línea de alta velocidad a La Meca, proyecto Castor… faraónicos proyectos de obra civil liderados por empresas españolas avaladas por el Estado español que esconden grandes agujeros en su gestión que acabamos pagado todos.  Bien por las cláusulas del contrato donde fueron adjudicadas o porque corre con los sobrecostes el seguro suscrito con CESCE, una compañía de seguros de titularidad pública creada, precisamente con el objetivo, de avalar proyectos de construcción internacional.

Un desvío presupuestario de 3.200 millones de dólares sobre las condiciones del concurso de adjudicación y que no está claro todavía quien lo sufragará, y que amenaza las cuentas de Sacyr. Un problema sin solución, de momento, a los 451 kilómetros de la vía que acaban enterrados por la arena del desierto y que obligaría a devolver  los 6.763 millones de euros invertidos por los saudíes. 1.350 millones pagados por el Gobierno en concepto de indemnización para ACS por el Proyecto Castor. Son tres ejemplos de quién paga los platos rotos de la gran obra civil.

 

Canal de Panamá

Su inauguración está prevista para el 26 de junio,  casi dos años después del plazo marcado (octubre de 2014) y con un sobrecoste sobre las plicas de adjudicación de 3.200 millones de euros. La mitad de ellos, 1.400 corresponden a  Sacyr. La compañía española reclama al gobierno de Panamá que asuma el sobrecoste o por lo menos partes de él. De lo contrario, serán los consorcios de seguros quien tengan que hacerlo.

Aunque el seguro recae sobre un ‘pull’ de empresas, una parte le tocará a CESCE, cuyo aval de 160 millones de euros ha puesto en entredicho el tipo de coberturas que realiza este organismo público.

En estos momentos, además del retraso de casi dos años en la ejecución del proyecto, las empresas que lo han construido están enzarzadas en un contencioso judicial de reclamaciones. Las estimaciones aseguran que de los 3.200 millones sobrepasados en el precio pactado, la mitad acabarán repercutiendo sobre la cuenta de resultados de las empresas o las pólizas que lo avalaron.

 

Ave a la Meca

Con la inestimable colaboración del rey emérito, Juan Carlos I, Al Shoula, un consorcio formado por 12 empresas españolas y dos saudíes, ganó el concurso de construcción del AVE a La Meca. Las empresas españolas hicieron un seguro para poder devolver el dinero a Arabia Saudita y pagar también las penalizaciones si las hubiera.  Una parte lo hicieron con CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación).

El propio ministerio de Economía adelantó la noticia: ” El consorcio de empresas españolas encargado de construir el AVE La Meca-Medina ha firmado con Cesce seguros por un importe total de 1.000 millones de euros para cubrir la ejecución de las obras” y avanza que tanto la ministra Ana Pastor como el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, instaron a las empresas acelerar al máximo los trámites pendientes para el lanzamiento del proyecto.

 

Proyecto Castor

Adjudicado en mayo de 2008  tuvo que ser paralizado en septiembre de 2013, un año después de comenzar sus operaciones. No se había previsto que el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) se basaba en conceptos técnicos dudosos. Tuvo que suspenderse tras haberse registrado más de 500 terremotos de pequeña magnitud en la zona. Pero es el Estado quien ha tenido que adelantar 1.350 millones de euros a ACS por paralizar el concurso por causas ajenas.

Por cierto, una cantidad adelantada por la Administración que posteriormente se repercutirá sobre la factura del gas.

 

CESCE, cuando el Estado corre con los gastos

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), con una participación estatal del 50,25%,  concede seguros y avales públicos a las compañías españolas en sus operaciones en el extranjero. Una acción necesaria para que las empresas que ‘se juegan los cuartos’ en el exterior no estén sujetas a vaivenes políticos en los estados donde inviertan (por ejemplo por un golpe de Estado, una suspensión de pagos, etc.

CESCE ha ampliado su cobertura y sale al rescate de las empresas españolas ante la dificultad para encontrar otros avalistas que permitan su participación en contratos internacionales. En el proyecto de la Meca, la compañía cubre el 15% del proyecto, es decir, 1.000 millones de euros. De ellos, 657,7 corresponden a dos pólizas de seguro de fianzas con exportadores españoles. A este montante se le unen cuatro pólizas de seguro de fianzas con bancos españoles por un importe de 354,6 millones de euros. Si se incumplen las condiciones del contrato, el Estado tiene que poner ese dinero comprometido.

Por su parte, en relación con el segundo Canal de Panamá, el consejo de ministros autorizó en 2014 a CESCE para que avale por cuenta del Estado el préstamo que tendrá que solicitar Sacyr a la banca y obtener así la liquidez necesaria para completar las obras. CESCE ha comprometido hasta 200 millones de dólares, 150 millones de euros, a través de distintas cartas de garantía. Una condición impuesta por la aseguradora Zurich para avalar el resto de la operación.

Estos avales son una práctica común en todo el mundo y que se ha implementado desde la crisis bancaria mundial. Las entidades financieras se han retraído a la hora de avalar este tipo de proyectos que suponen un riesgo elevado para sus balances.

En opinión de Jorge Blázquez, miembro de Economistas Frente a la Crisis,“en todas las administraciones se cubren los riesgos a las exportaciones . Cuando se exporta a un país, no sólo existe el riesgo comercial, sino que también hay riesgos políticos“. Aunque el problema es delimitar si los gobiernos de turno utilizan a esta aseguradora “más allá de su misión de cubrir el riesgo político y aportar capital en un proyecto que debería ser privado. En ocasiones puede resultar difícil decir que sólo se está avalando el riesgo político y no entrando como capital dentro de la operación”.

Una circunstancia que el Tribunal de Cuentas resaltó recientemente en uno de sus informes donde pone en cuestión “el respeto al marco legal contractual” del aval que otorgó CESCE a Sacyr en el proyecto de Panamá. En el documento no se duda de la función de la aseguradora, pero se pone de manifiesto la “falta de iniciativa alguna” para solicitar al Ministerio de Economía la aprobación por orden ministerial de una normativa que amparase las “peculiaridades” de la operación.