Raquel Gago, absuelta de asesinato: El tribunal contra el jurado popular

Raquel Gago ha sido absuelta del delito del asesinato de la que fuera presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. El Tribunal  no ha tenido en cuenta la decisión del jurado que señalaba a la policía municipal como culpable. Según el tribunal popular, la policía local, amiga de Triana, “aceptó formar parte del plan” y mantuvo oculto en su coche durante 26 horas el revólver con el que se ejecutó el crimen.

Por estos hechos el jurado la consideraba culpable del delito de asesinato. En cambio, el presidente del tribunal, Carlos Álvarez, ha matizado la sentencia y le impone tres años por encubrimiento y otros dos por tenencia ilícita de armas. Calificaciones presentadas por el fiscal.

Algo parecido pretendía -la absolución del delito de asesinato- la defensa de Alfonso Basterra y Rosario Porto en el caso de la muerte de su hija Asunta. Primero durante el juicio y ahora con el recurso presentado. Una de cada cinco sentencias de los jurados populares son revocadas en el Supremo o modificadas por los jueces en primera instancia, los encargados de dictar sentencia.

 

Una década de jurado popular con más de 6.000 procesos

 

Desde que comenzó a funcionar la figura del jurado popular hace una década, en torno al 90% de los juicios donde participa acaba en condena, que normalmente es recurrida. Bien en el recurso o en la fase de casación, casi un 20% de las sentencias son modificadas de manera total o parcial, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Sentencias modificadas que han tenido una gran repercusión en los medios de comunicación,  como en el caso “Wannikhof”. Entonces, los miembros del jurado consideraron culpable a Dolores Vázquez del asesinato de la adolescente en Mijas. Estuvo 17 meses en la cárcel hasta que la Audiencia Provincial de Málaga la exculpó.

O en el caso de Mikel Otegi, acusado de matar a dos Ertzaintzas en Itsasondo y puesto en libertad por un jurado popular al considerar que no era dueño de sus actos. La Audiencia Nacional contradijo después a este jurado y condenó a Mikel Otegi a 34 años de cárcel. Otras no menos polémicas se mantienen firmes, como la absolución del ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por el caso de los trajes.

Pero ha habido otros casos que han tenido menor eco mediático, como la anulación de la sentencia a 23 años de cárcel por asesinato de un hombre en Valencia a mediados de 2015. El juicio se volverá a repetir por considerar que las preguntas formuladas al jurado eran “enrevesadas y confusas” o aquella que condenó por asesinato a un padre y un abuelo de una niña en Granada y cuyo delito fue rebajado de asesinato a homicidio imprudente.

El jurado popular es competente para juzgar los delitos de parricidio, asesinato, homicidio, inducción al suicidio, cohecho, malversación, fraudes y exacciones ilegales, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, amenazas e incendios forestales.

Y aunque nadie duda ya de que la implantación del jurado ha resultado positiva en términos globales en la Administración de Justicia en España, asociaciones como Jueces para la Democracia abogan por revisar el catálogo de delitos que juzgue un jurado y sobre los casos mediáticos.