Crisis de refugiados: de la solidaridad al parche

Hace menos de tres meses, Turquía era considerado como un país en franco retroceso en la protección de los derechos humanos. Era un importante obstáculo para su integración en la Europa de los 28. Desde hoy se ha convertido en “un territorio seguro” para gestionar el destino de los cerca de tres millones de refugiados -más los que sean deportados- que acoge en su suelo.

En virtud del principio de acuerdo alcanzado con la UE, Turquía será el primer e importante filtro para su viaje con destino a Europa. Pero solo de los sirios, porque, iraquíes, afganos o de otras nacionalidades quedan expresamente excluidos. Estos nuevos ciudadanos de cuarta o de quinta categoría, cientos de miles, quedarán relegados a su propia suerte.

Sin posibilidades de conseguir trabajo, acceder a educación, atención médica, deambularán sin rumbo fijo por un país donde las cifras de desempleo superan el 10% y la economía está en ritmo de desaceleración desde hace tres años.

El “territorio seguro” de Turquía apenas ubica a una décima parte de los tres millones de refugiados en los 25 campamentos oficiales establecidos por el Gobierno -acogen a 260.000 personas-. En ellos, además de registrarse -y por lo tanto cursar su petición de asilo- reciben comida, atención médica y educación.

Nada se comenta en el texto del acuerdo sobre la construcción de nuevos campos, pero se ha insistido hasta la saciedad por los interlocutores, que evitará que caigan en manos de las mafias de tratas de personas. Una expresión de voluntad sin más. Nada se habla de establecer “rutas legales y seguras para que no tengan que jugarse la vida en el mar”, como reclaman desde la mayoría de las ONGs que trabajan con refugiados sobre el terreno. Sobre todo, teniendo en cuenta que es la ruta que usan alrededor del 80%.

Pero más allá del trato que reciban en Turquía, los dirigentes de la UE, desde que estallara la crisis y, también con el nuevo acuerdo, vulneran la legislación internacional. De aquellas normas que impiden la devolución en caliente a los asilados, a las relativas a la repatriación en masa, a su discriminación por el país de origen….

Leyes y tratados como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Protocolo de Dublín, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la Convención de la ONU sobre el Derecho en el Mar, etc. Y por supuesto, la propia Constitución de cada país miembro de la UE, donde se desarrollan los derechos de los solicitantes de asilo.

La ONU es tajante, las garantías para que el acuerdo sea de pleno derecho pasan porque: Turquía debe de asumir la responsabilidad de tramitar la solicitud de asilo, no devolver a ninguno a su país de origen y garantizar su pleno acceso a la educación, el mercado laboral, la sanidad y la asistencia social.

Pero además, existe otra pequeña trampa o un nuevo parche. El sistema pactado es que por cada sirio readmitido por Turquía, la UE acogerá a un refugiado procedente de Ankara. Pero el programa de realojo en Europa es voluntario y por lo tanto sujeto al veto de sus miembros. Es decir, que países como Hungría, reacio desde que estallara la crisis a acoger refugiados, podrían ejercer ese derecho.