Los Ocho de Airbus, un proceso al derecho de huelga

Habría que recurrir a la hemeroteca y remontarnos al Franquismo para buscar acusaciones tan duras como las lanzadas por la Fiscalía contra los trabajadores y sindicalistas conocidos como los  ‘8 de Aribus’. Ocho años y tres meses de cárcel para cada uno de ellos por participar en una huelga.

Nada menos que hay que ir a 1973 y al famoso proceso 1.001, cuando la cúpula de CC OO fue encarcelada. Este proceso inició un camino imparable al reconocimiento del derecho de huelga, consagrado tras la muerte de Franco en la Constitución.

Ahora, leyendo la pena que pide el fiscal, el sindicalismo y los derechos de los trabajadores ‘desandan’ el camino hecho desde el 73. El derecho a la huelga, de existir sentencia condenatoria, podría resultar seriamente limitado.

Pero era cuestión de tiempo que viviéramos este bucle, porque el acusador público se basa en un artículo del Código Penal, el 315.3, que tipifica un delito heredado y no modificado del Código Penal franquista. Este artículo impone penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses “a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.

Piquetes en la huelga general de septiembre de 2010

Los hechos se remontan a la huelga general de 2010 y a la participación de estos ocho sindicalistas en un piquete en Getafe, en la factoría de Airbus, donde trabajan. Los hechos juzgados sucedieron durante el gobierno de Zapatero, y la instrucción se ha producido con Rajoy en la Moncloa, el artífice de la Ley Mordaza. Los socialistas se han puesto de su lado junto a Toxo y Cándido Méndez asi como la formación morada e Izquierda Unida.

Por aquel entonces, ni las mareas ciudadanas ni el 15-M existían, y el malestar de los trabajadores ante una reforma laboral que recortaba sus derechos se expresaba en forma de huelga general. Una huelga en la que hubo más de cien detenidos en los incidentes producidos con la policía, pero ninguno de ellos fueron los ocho de Airbus, acusados ahora de atentado contra los derechos de los trabajadores, atentado contra la autoridad y lesiones.

La denuncia partió de uno de los agentes y tras cinco años de instrucción ha acabado en un proceso donde se enfrentan a 64 años de cárcel. Quizá su único ‘delito’ fue haber participado en las elecciones sindicales de la empresa.

A lo largo de la legislatura de Rajoy, se han abierto más de 40 procedimientos judiciales contra sindicalistas por haber participado, como los 8 de Airbus, en protestas en defensa de los derechos laborales.

Paradójicamente, el Código Penal castiga con mayor dureza a un huelguista que a un agresor sexual.