¿Qué pasa cuando un partido político echa el cierre?

UPyD se encuentra al borde de la extinción militante y pronto se extinguirá electoralmente, consumida por el éxito de Ciudadanos: no parece haber espacio para los dos, como ya ocurrió con el PSOE y el PSP. Lo más probable es que UPyD tenga que echar el cierre porque su economía, ya bastante castigada, no dará para mantener sus gastos tras la previsible debacle electoral anunciada por las encuestas.

Puede que si IU no consigue unos resultados mínimamente razonable no pueda hacer frente a sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social, como ya ocurre en la Comunidad de Madrid, donde es previsible que embarguen sus subvenciones

Los partidos nacen con la vocación de ser centenarios… pero a veces tropiezan con los electores. Los partidos políticos, como ocurre en el mundo de las empresas, están sujetos a los vaivenes del ‘mercado’ de los ciudadanos.

Dos marcas que compiten por el mismo espacio, como les pasó al PSP de Tierno Galván y al PSOE de González y Guerra, provoca que el pez grande se coma al chico. Divisiones, luchas internas o problemas con la Justicia de sus líderes, como el GIL o simplemente un batacazo electoral, como el del PRD de Roca, son las causas más frecuentes que llevan a un partido político a tomar las de Villadiego, y desaparecer.

No son empresas ni ONG. No tienen beneficios, pero tampoco obra social, salvo que tengan una fundación. Esta situación coloca a los partidos en un tierra de nadie, cuando se habla de la hora final, con bastantes peculiaridades.

El fiasco de la Operación Roca

Corría el año de 1984. Unos recién llegados al poder, caracterizados por su chaqueta de pana y su discurso radical están en La Moncloa. Acaban de nacionalizar Rumasa. La derecha está huérfana de identidad. Fraga, tocado por su pasado franquista, pilota la oposición. UCD se ha disuelto como un azucarillo en el agua. Había que oponer un partido de centro para evitar que revalidasen el poder en 1986. Nace la Operación Roca.

Florentino Pérez, el conocido empresario con inquietudes políticas, Antonio Garrigues Walker, Miguel Roca, nacionalista catalán moderado y padre de la Constitución, y sobre todo la derecha económica, montan el Partido Reformista Democrático. Recibe 24 millones de euros – cuatro mil millones de pesetas- de los bancos, algo desorbitado contando que por ese año los créditos al PP y al PSOE juntos no llegaban a la mitad.

El partido se estrelló contra las urnas. Ni un solo diputado consiguieron. Tampoco, los acreedores consiguieron cobrar.

Porque aunque algunos partidos parezcan sucursales de un negocio cualquiera, lo cierto es que las cuentas de los partidos políticos son un ejercicio complicado, en los que vivir con números negros resulta un auténtico milagro. Por una parte, tienen tasados los ingresos: según la ley, solo pueden proceder de las cuotas de los afiliados, de las aportaciones voluntarias -donaciones- y del dinero que reciben del Estado por la obtención de escaños y por el número de votos.

En lo de los gastos, salvo la limitación en periodo electoral, hay barra libre. Con estos mimbres, cuando se llega a la bancarrota, como han anunciado que puede pasar con UPyD sus propios dirigentes, hay que tomar una decisión quirúrgica.

La ley de Partidos Políticos

La regulación, según la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, contempla dos posibilidades: por un lado el partido puede disolverse por decisión de sus afiliados, y por otro, la disolución puede producirse por resolución judicial.

Cuando sean los afiliados los que acuerden la disolución del partido, deberán atenerse a las causas que se hayan previsto en los Estatutos. Los supuestos en los que corresponde realizar la disolución por medio de autoridad judicial están recogidos en el  art. 10 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. La primera causa de disolución la constituye el que se haya incurrido en un delito de asociación ilícita, en cuyo caso la adopción de la decisión corresponde al Juez competente del orden jurisdiccional Penal.

Cuando la resolución judicial acuerde la disolución del partido, deberá cesar sus actividades. No se podrá crear un nuevo partido político o hacer uso de otro ya existente y registrado que suponga la continuación o sucesión del  declarado ilegal y disuelto.

Para que la disolución surta efectos, deberá ser comunicada al Registro de Partidos Políticos, por los propios afiliados cuando sean estos los que la han acordado, o por la autoridad judicial, en el resto de los casos.

Reparto de los bienes

La disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario.

Y entonces, como en cualquier sociedad comienza la disolución. Los liquidadores, como cualquier empresa, han de ordenar por montones las deudas y otorgarles una prioridad de acuerdo con el inventario de bienes.

La prioridad pasa por cumplir con Hacienda y la Seguridad Social en primer lugar y luego con el personal laboral, que no todos los que trabajan en un partido son estrictamente políticos, como por ejemplo Luis Bárcenas, y tienen derechos. Es decir, pasan al paro y a cobrar una indemnización en los términos previstos por el Fogasa.

Entonces, comienza la auténtica lotería…. proveedores, bancos y demás empresas que suministran bienes o servicios pujan por cobrar o negociar una quita para reembolsarse algo de lo que han invertido. Una situación de total indefensión jurídica, porque a diferencia de las sociedades, la ley no contempla a responsables penales, y no pueden perseguir ni siquiera a los que los contrataron.

Y, en el hipotético caso de que el partido tuviera unas cuentas saneadas y en el momento de su disolución no hubiera deudas. También aquí son peculiares. Porque aunque el discurso afirme que el partido es de los militantes, no es cierto. No son accionistas y no tienen derechos. Ese patrimonio neto resultante pasará a manos del Tesoro o se destinará a obras sociales.

Y con esta perspectiva de tanto riesgo -desde el punto de vista económico-  e inseguridad jurídica ¿a quien le puede interesar prestar dinero o ser proveedor de un partido político? Un interrogante más que los economistas no saben resolver.